El ministro de Justicia, Víctor García Toma, informó que presentará dos proyectos de ley al Consejo de Ministros, en los que se propone que el uso de las armas letales por parte de las Fuerzas Armadas en territorios no declarados en emergencia proceda sólo como último recurso, y cuando estén en peligro la vida y la integridad de las personas.
Indicó que dichos proyectos fueron elaborados por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y buscan subsanar los artículos de la Ley 29166, que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.
En conferencia de prensa, el ministro de Justicia y funcionarios de dicho sector presentaron un paquete de 12 normas, entre proyectos de ley y decretos, que abarcan el aspecto penal, penitenciario y judicial.
El director nacional de Justicia, Daniel Figallo, detalló que las FFAA intervendrán en zonas no declaradas en emergencia por un plazo máximo de 30 días, cuando la capacidad de la Policía Nacional haya sido rebasada, y en casos de terrorismo, narcotráfico y alteraciones del orden público, a través de huelgas o disturbios.
Indicó que en esta circunstancia, la autorización tendrá que ser aprobada por el Gobierno, y sólo en casos de emergencia por jefes militares, a requerimiento de la Policía, pero dando cuenta a los ministros respectivos.
Remarcó que en esta situación, las Fuerzas Armadas se someten al mando de la Policía Nacional.
Indicó, además, que el sistema preventivo deberá seguir los siguientes pasos: mostrar las armas, comunicación oral, uso de otros tipos de instrumentos que podrían evitar que la situación salga de control y, finalmente, uso de armas letales.
García Toma adelantó que estos dos proyectos serán llevados al Consejo de Ministros para su debate, y que en esa instancia se decidirá si podrían formar parte del pedido de facultades al Congreso, u optar por el procedimiento ordinario en el Legislativo.
Entre otras iniciativas presentadas también figura, en el sector Justicia, la creación del registro nacional de abogados y la consignación de las sanciones impuestas a estos profesionales por los colegios respectivos.
Asimismo, la acreditación de las facultades de derecho; la depuración de la legislación nacional, y la creación del registro nacional de normas reglamentarias del Poder Ejecutivo.
Por último, la creación de la procuraduría del vecino, para defender los derechos e interactuar entre los ciudadanos y las municipalidades.
En el tema penal, el viceministro Luis Marril informó que se presentará un proyecto de ley para contratar a 500 nuevos agentes penitenciarios, y así reducir el déficit en este sector, que ahora llega a los dos mil trabajadores.
De igual manera, el impulso de la ley del servidor penitenciario, con escalafones y niveles de remuneración; y la modificación del Código Procesal Penal, para regular el trabajo de los reos en las cárceles entregadas en concesión al sector privado.
En este ámbito, también, la modificación del servicio de defensa de oficio, a fin de ampliarlo a los casos de presunta negligencia médica, para representar a los pacientes víctimas de mala práctica en hospitales y establecimientos de salud.
Además se anunció una norma para impedir el reclutamiento de menores de edad en el servicio militar.
Por su parte, Víctor Parra Fuentes informó que se utilizarán dos millones y medio de dólares, de los cinco millones recuperados recientemente por casos de corrupción del anterior régimen, para compensar a los trabajadores con sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Cortesía: Andina