Con la finalidad de frenar el ejercicio ilegal de la profesión, el Ministerio de Justicia (Minjus), anunció la creación del Registro Nacional de Abogados, ello como parte del paquete de iniciativas legales que presentará este sector.
El ministro de Justicia, Víctor García Toma, manifestó que de esta manera, si una persona nos ofrece sus servicios profesionales, a través de este registro, "podremos conocer si está colegiada o no".
"En segundo lugar, se podrá conocer la forma cómo ejerce la profesión porque en este registro estarán identificadas y consignadas las sanciones que provengan de los colegios profesionales, de los juzgados y salas del Poder Judicial, incluso del propio Tribunal Constitucional", indicó.
En ese sentido, el titular de Justicia precisó que por medio de esta iniciativa existirá transparencia de la información en beneficio de la ciudadanía, "contribuyendo, de manera significativa, a mejorar el servicio de justicia".
Asimismo, García Toma explicó que el Minjus planteará un proyecto de decreto supremo respecto a la acreditación universitaria de las facultades de Derecho, para mejorar, con ello, la calidad educativa que imparten las universidades públicas y privadas.
"Existe la necesidad de imponer la acreditación a las facultades de Derecho para enfrentar la actual realidad caracterizada por la proliferación de facultades y filiales que no imparten una adecuada formación que asegure un desarrollo profesional idóneo, lo cual, se refleja especialmente en el área de la administración de justicia", dijo.
De igual modo, añadió el ministro, esta iniciativa tiene la finalidad de enfrentar la "excesiva" cantidad de abogados en nuestro país (cerca de 97 mil), a los cuales, es necesario sumar 82 estudiantes de Derecho y más de cien centros de enseñanza de esta carrera.
"Las universidades tendrán que acreditar que cuentan con bibliotecas, inmobiliario y el personal docente adecuado. Aquellas universidades o instituciones que no cumplan con esta acreditación universitaria, quedarán desacreditadas", comentó.
La propuesta plantea modificar el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 018-2007-ED – Reglamento de la Ley N º 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.
Cortesía: Andina
