No hay justicia a dos años de las manifestaciones contra Manuel Merino y que costaron la vida de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y más de 70 personas lesionadas, entre el 9 y 15 de noviembre de 2020.
Las manifestaciones públicas contra la asunción de la Presidencia de la República por Manuel Merino tras la vacancia de Martín Vizcarra Cornejo duraron cuatro días y estuvieron caracterizadas por una sistemática y brutal represión policial en la cual se utilizaron medios de represión (gas lacrimógeno, perdigones, canicas de vidrio) desproporcionados.
El caso se encuentra en casación sin fecha de audiencia que solo ahonda el dolor de los familiares, destacó el abogado Carlos Rivera, defensa de los deudos de Inti y Bryan.
«La fiscalía planteó en febrero de este año un recurso de casación a resolverse en la Corte Suprema (…) mientras tanto la investigación está suspendida desde el 20 de junio. Y esa investigación que debía concluir en diciembre, no será así».
«Hemos perdido un tiempo valioso y si teníamos previsto que en diciembre finalice la investigación preparatoria y a mediados del 2023 se tenga una fecha de acusación, ha volado. Y ahora hay que ir pensando en 2024», agregó.
Destacar que, el Ministerio Público inició dos investigaciones de manera simultánea. El 15 de noviembre de 2020 la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió iniciar una investigación de oficio para esclarecer la presunta responsabilidad del entonces presidente Manuel Merino, el primer ministro Ántero Flores-Araóz y el ministro del interior Gastón Rodríguez, en relación con el uso indebido de la fuerza policial para controlar los actos de movilización y protesta.
Cabe mencionar que esta decisión de abrir dos investigaciones sobre un mismo hecho obedece a que este primer grupo de altos funcionarios acusados, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política, sólo pueden ser investigados por el procedimiento de acusación constitucional previsto en el artículo 89 del Reglamento del Congreso.
«En el Congreso se estuvo a la espera de un informe de calificación para autorizar la acusación (…) el 17 de junio el informe del congresista Cavero fue lapidador contra la investigación, recomendó el archivo con argumentos insignificantes», acotó el abogado.
