El Ministerio Público le dijo NO a la medida cautelar presentada por el Jurado Nacional de Elecciones a la Fiscalía de Ayabaca, a través de la cual se pretendía incautar el material "electoral" que va a ser utilizado en la consulta vecinal del 16 de setiembre, al respecto de la instalación del proyecto Río Blanco en la sierra piurana.
Son alrededor de 10 mil pobladores de las localidades de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera que acudirán a las urnas para elegir el modelo de desarrollo de sus comunidades: el ganadero agrícola o minero, como el propuesto por la empresa Majaz.
En comunicación con Radio Uno, Mario Rufino, periodista de Radio Cutivalú de Piura informó que la situación está bastante tranquila en la zona de la consulta vecinal, salvo por un pequeño inconveniente presentado en Huancabamba, cuando periodistas de la Ventana Indiscreta fueron intervenidos por comuneros, y al no identificarse correctamente, se les prohibió el ingreso al pueblo.
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"Hay cierta desconfianza razonable porque se siente la ausencia del estado, Pero vamos en contra de los calificativos del Gobierno Central que tildan a las comunidades de transgresoras de la libertad de tránsito", subrayó Rufino.
Por otro lado denunció que un corresponsal de Cutivalú fue tentado de ser sobornado por un oficial de la Policía Nacional del Perú, cuando presenció el desplazamiento de contingentes policiales en la zona de la consulta e informó a su emisora sobre esta acción encubierta.
Recordemos que días atrás el procurador adjunto del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Ángulo Zavaleta, solicitó a la fiscalía de Ayabaca, una medida cautelar para la incautación del material electoral destinado al referendo del domingo 16.
Así lo denunció el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN), que a través de un comunicado señaló que dicha solicitud estuvo en manos del recientemente designado fiscal ad hoc, Samuel Guerrero, procedente de Sullana, quien finalmente decidió que era improcedente.
