Se acabó el tiempo y la paciencia. Hoy los más de 3,500 trabajadores de la empresa Doe Run Perú (DRP) iniciarán una huelga indefinida en La Oroya, ante la irresponsabilidad de la compañía de negarse a fijar una fecha para el reinicio de sus operaciones.
El secretario general del sindicato de trabajadores de DRP, Roberto Guzmán, afirmó que desean evitar cualquier tipo de confrontación con las fuerzas del orden, pero indicó que la Carretera Central es la única vía que ellos poseen para expresar su malestar.
"Lo que queremos es el reinicio de las operaciones para evitar el colapso de La Oroya. Sólo queremos trabajar, no podemos esperar ya más. Ha pasado un año de padecimiento y necesitamos una solución. Pero la paralización es contra Doe Run, no contra el gobierno", aclaró.
CONFRONTACIÓN INMINENTE
Pero la confrontación entre trabajadores y el gobierno parece inminente. Ante la abierta intención de tomar la referida vía, el gobierno anunció que no permitirá que se tome la importante carretera que une a la capital con el centro del país, e informó que en este momento ya se encuentran en la zona efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que garantizarán el libre tránsito.
Mientras tanto, el gran culpable de la situación que se vive en La Oroya, solo dilata el problema. El premier Javier Velásquez Quesquén comentó que Doe Run, a pesar de las facilidades otorgadas por el Estado peruano, ha incumplido con sus compromisos y ahora exige nuevas condiciones medioambientales y tributaria, inaceptables para el Perú.
El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, aseguró que el gobierno no accederá a las nuevas exigencias de DRP y advirtió que si no cumple con reiniciar sus operaciones antes del 24 de julio, será sometida a un proceso de cierre y posteriormente a un proceso concursal. "De darse este caso, los trabajadores entrarían en un proceso de reconversión laboral para reubicarlos en otros proyectos mineros".
QUIEREN PAGAR SU DEUDA EN 700 AÑOS
Las exigencias de DRP son cada vez más descabelladas. El ministro Sánchez comentó que la metalúrgica ahora solicita el fraccionamiento de su deuda con el Tribunal Fiscal y la Sunat de S/.760 millones en un plazo de 700 años. Piden blindar a los accionistas ante cualquier denuncia sobre responsabilidad ambiental y así librarse de los juicios en el exterior.
DRP también quiere que se reduzcan los estándares ambientales hasta la conclusión del proyecto del Circuito de Cobre y la Planta de Ácido Sulfúrico de Cobre y que la exoneren de las multas impuestas por Osinergmin por incumplir los compromisos establecidos en los 10 meses.
Fuente: Diario La República
