En entrevista para Radio Uno, Carlos Rivera Paz abogado de IDL – Reporteros mencionó que las muertes en las manifestaciones en las regiones del Perú significa una grave violacion a los Derechos Humanos, los asesinatos y las lesiones graves o leves tienen que ser materia de investigación.
“Existe evidencia más que suficiente para incriminar en futuro inmediato la responsabilidades, no solamente políticas sino legales de carácter penal en contra de la señora Boluarte, del señor Otárola en su doble condición de premier y ministro de defensa», señaló el abogado.
Dio a conocer que la investigación que ha abierto el Ministerio Público es una investigación que comprende los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones.
Para Rivera esta denuncia debera ser desechada por el delito de genocidio ya que no tiene razón de ser, pero se debe mantener la investigación preliminar en el caso de las altas autoridades sobre los otros dos delitos.
Indicó que según el Jefe de Medicina legal de la morgue de Juliaca este realizó 17 necropsias que daban a conocer que las víctimas habían fallecido como consecuencia de impactos de balas.
Por lo tanto para Rivera determinaría “la existencia de una suerte de casi patrón, no se trata de una o dos personas se trata de 17 personas que en un solo día y en el lapso de unas cuatro o cinco horas fueron literalmente ejecutadas, eso sin duda alguna es un crimen que tiene que ser investigado”.
Finalmente, resaltó que la ley y la justicia no solamente puede estar del lado de quienes han cometido graves violaciones a los Derechos Humanos, que deben incluirse las investigaciones de los actos de vandalismo, saqueos, asesinatos como el del policía José Luis Soncco Quispe (29) en la región de Puno.
