De la convulsión social en Perú que ha costado casi 60 muertes, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, expresó que es clara la responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte y ministros de Defensa y Interior.
«Si algo de sensatez le queda a la señora Boluarte y ha Otárola deben ser absolutamente conscientes que van a terminar en la cárcel», expresó el letrado a Radio Uno.
Sostuvo que no se trata de inventar imputaciones. «Se configura un caso mucho más grave al imputado a Merino (ex presidente interino), un caso en el que hay múltiple evidencia de decisiones políticas que se han tomado para la comisión de delitos contra los derechos humanos en el caso de la presidenta y los primeros ministros. Y más allá de la capaz circunstancial colaboración que puedan tener ahora de la Fiscal de la Nación en el sentido de no transparentar la carpeta de investigación», existen prueban irrefutables.
«Cada día termina apareciendo mucha más evidencia que apuntan en una dirección que, los crímenes cometidos no son crímenes individuales. Es decir, tú no puedes estar matando a uno, dos, tres, diez en Ayacucho. A uno, dos, tres diecisiete, dieciocho, en el caso de Puno, y que la presidenta de la República y que el ministro del Interior o Defensa no tome ninguna acción de control», afirmó.
A la vez, cuestionó que al momento no haya reacción ante la evidencia gráfica de IDL Reporteros revelando que diez de las cuarenta y ocho muertes de civiles en las protestas en todo el país ocurrieron en Ayacucho, en un lapso de siete horas, el 15 de diciembre pasado. Siendo así, a partir del análisis de registros audiovisuales, documentos y testimonios, reconstruyó cómo y de qué manera murieron 6 de las 10 personas fallecidas durante esa violenta jornada.
