Con 90 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones, el Congreso aprobó el 3 de marzo la creación del canon hídrico, que representa el 50% del total de los ingresos y rentas obtenidas por el Estado de las grandes y medianas empresas naturales y jurídicas del ámbito privado, público y público – privado, que exploten el agua por trasvase y represamiento, quedando exentas de este cobro las empresas destinadas a la generación de energía.
El tema está pendiente de reglamentación, pero según el alcalde de Candarave, se contempla una distribución en jurisdicciones a ser beneficiadas de: 25% para las municipalidades distritales, 25% para las municipalidades provinciales y 50% para centros poblados.
El burgomaestre Rafael Vega, destacó que la disposición significa para su jurisdicción justicia social ya que por años han sido objeto de extracción de recurso hídrico para generación de minería para el país y en la región, pero jamás han sido incluidos en una justa distribución de canon minero.
«Esta ley permite alcanzar justicia social para todos los pueblos. Ahora esperamos la reglamentación en cinco meses siguientes y en 2024 se programe las primeras transferencias», expresó la autoridad.
De Candarave se hace el trasvase de agua para las unidades mineras de Cuajone y Toquepala siendo la provincia merecedora de la transferencia, por lo que la distribución establecida va a beneficiar a centros poblados ubicados en jurisdicción de trasvase hídrico como Huaytire, en cabecera de cuenca.
Aclaró que la ley de canon hídrico no condiciona a Candarave que por años ha luchado por el agua. «Creemos que con la ley de canon el Estado reconoce legamente que hubo perjuicio económico en cabecera de cuenca y producto de ello se da la compensación» y por ello «se analiza el tema legal en que nos permita hacer proceso judicial para reclamar una indemnización ocasionada durante el tiempo de minería en cabecera de cuenca», enfatizó la autoridad.
