El pleno del Congreso aprobó esta noche la derogatoria del Decreto Legislativo 1097, para dejar sin efecto el adelanto de la vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal en caso de violaciones a derechos humanos.
La derogatoria logró en primera votación 90 adhesiones a favor, 1 en contra del legislador Luis Giampietri, y ninguna abstención, tras un debate de casi tres horas.
El cuestionamiento a la norma provenía de las bancadas de oposición, cuyos representantes aseguraban que el dispositivo legal consagraba la impunidad a personas procesadas por violación a los derechos humanos.
Incluso los legisladores del Partido Nacionalista presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, e instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana y la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, cuestionaban su vigencia.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo consideró pertinente derogarlo "en resguardo de la vida constitucional y democrática del país y a efecto de evitar cualquier mal aprovechamiento de la norma".
Asimismo, se indicó en la exposición de motivos que "se llegó a pensar que una mala interpretación del referido decreto podría constituirse hasta en una especie de amnistía encubierta, tema absolutamente ajeno a los propósitos del gobierno democrático".
Debate
Durante el debate, el presidente de la comisión de Constitución, congresista Aurelio Pastor, dejó en claro que la iniciativa no favorecía a los criminales y asesinos que vienen cumpliendo sus sentencias con carcelería impuestas por la justicia peruana.
Precisó que el motivo por el cual la fe de erratas, publicada en el diario oficial, fue aclarar la norma y que esta quedara mejor definida en sus objetivos destinados a beneficiar a quienes desde hace muchos años permanecen en las prisiones sin juicio, sin defensa y que no tuvieron responsabilidad en algunos excesos contra los derechos humanos.
Asimismo, los legisladores Javier Bedoya y Raúl Castro de Unidad Nacional, señalaron que existía confusión jurídica y política sobre el particular.
Por su lado, los congresistas Yonhy Lescano y Víctor Andrés García Belaunde, de Alianza Parlamentaria, cuestionaron la dación del DL 1097 y reclamaron por el debate del proyecto elaborado por su bancada.
Asimismo, el legislador Lescano Ancieta pidió declarar nulos los efectos que tuvo la ley en los días de su vigencia, por cuanto algunos militares de alto rango presentaron sus demandas para acogerse al beneficio.
A su turno, el congresista Luis Giampietri Rojas, expresó su posición en contra de la derogatoria y señaló que "hubiera sido razonable que el Congreso revisara el proyecto".
A su turno, el legislador Washington Zeballos solicitó que se investigue el rol que cumplió el ministro de Defensa, Rafael Rey, por un supuesto uso indebido de su cargo para beneficiar a terceros vinculados a violación de derechos humanos.
Cortesía: Andina
