Ante el informe revelado el 2 de mayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre protestas en Perú, la abogada Gloria Cano, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos, destacó que el documento es contundente refiriendo que la respuesta del Estado durante (diciembre, enero y febrero) «puede calificar internacionalmente como ejecuciones extrajudiciales y se puede hablar incluso de masacres de lo que fue que ocurrió en Ayacucho y Juliaca», dijo.
«Ellos han recorrido el país, ellos han llegado a Ayacucho, ellos han hablado con las víctimas, han seguido recibiendo testimonio de las personas heridas y atención médica que han recibido por parte del Estado peruano», agregó. Siendo así, destacó que «la Comisión señala que va a hacer un monitoreo de las recomendaciones que ellos están presentando», entonces «hay que poner atención en lo que el Estado ha venido contestándole» pues «el Estado dice que han sido ejercicios de legitima defensa».
«Ya sabemos por dónde va a ir la defensa del Estado al respecto y creo es importante tomar en cuenta».
Pese a ser un panorama que requiere célere atención, cuestionó que cuando el caso estaba en avance al menos en Ayacucho, «Fiscalía de la Nación ha quitado competencias (a las sedes) y los acumuló en un solo equipo del cual no vemos nada», es mas los expedientes siguen en cada región.
Así, añadió que tampoco hay diligencias concretas entorno a las denuncias contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola y su antecesor Pedro Angulo.
CIDH: respuesta contra protestas sociales «podrían calificarse como una masacre»
