La excongresista Rocío Silva Santisteban destacó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye uso desproporcionado de la fuerza pública en el control de protestas derivando en grave violación de derechos humanos que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
“La carpeta fiscal que tiene en estos momentos la Fiscalía que ha abierto por delito de genocidio contra Dina Boluarte y Alberto Otárola pues ahí tiene un elemento de convicción para que sí se pueda enviar la denuncia por delito de genocidio contra Dina Boluarte y Alberto Otárola al Poder Judicial”, manifestó.
Señaló que otra de las conclusiones del informe es que la Fiscalía debe adoptar medidas para fortalecimiento institucional lo que implica también que por ejemplo “las fiscalías que están haciendo investigaciones en Juliaca, Ayacucho, Cusco, etc. tiene que ser fiscalías especialistas en derechos humanos, pero el problema es que se ha puesto personas que no son especialistas en la materia”.
CIDH: respuesta contra protestas sociales «podrían calificarse como una masacre»
