El procurador general Daniel Soria ha solicitado a la Corte Suprema el embargo de inmuebles que pertenecen al expresidente Pedro Castillo y al expremier Aníbal Torres, investigados por perpetrar el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Con esa medida, Soria quiere asegurar el cobro de reparación civil de S/67 millones 711 mil 48 que podrían pagar de forma solidaria Castillo, Torres, la expremier Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. El monto final lo decidirá el Poder Judicial.
“En representación del Estado, solicita se dicte las medidas cautelares reales de embargo en forma de inscripción e inhibición sobre los bienes e inmuebles del investigado Aníbal Torres Vásquez en el proceso abierto que se le sigue por la presunta comisión del delito de rebelión y otro”, se indica en el documento que envió el procurador Daniel Soria Luján al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema .
En el proceso por el delito de rebelión también están investigados, además de, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.
Hace tan solo unas horas se dio a conocer que la Procuraduría General del Estado (PGE) quedó oficialmente constituida como actor civil o parte agravada dentro del proceso judicial que se sigue por el Golpe de Estado perpetrado en diciembre pasado. Así lo determinó el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, que dirige Juan Carlos Checkley, al declarar infundada la solicitud que presentó el exministro Roberto Sánchez para excluir a dicha institución de su proceso.
La Procuraduría General del Estado registró dos estacionamientos de Torres, valorizados cada uno a US$15,000, y un departamento de US$236,800. Todos ubicados en la calle Los Eucaliptos, en San Isidro. También solicitó que se le embarguen otros cinco inmuebles ubicados en Cercado de Lima. Con respecto a Castillo Terrones, las cuatro propiedades a congelar están en Cajamarca, la región natal del exjefe de Estado.
