El acoso judicial que ha seguido a diversos periodistas, a nivel nacional, donde casi el 80 % de denuncias por difamación son archivadas y declaradas infundadas, junto a los proyectos de ley que buscan incrementar las penas por estos delitos, cuando la amplia mayoría de personas que ejercen esta profesión no cuentan con una planilla ni seguro médico, los deja a merced de los poderes políticos que están en desacuerdo con lo que se da a conocer.
“Es terrible lo del acoso judicial, (…) lo que se quiere es escarmentar al resto para que no se metan con determinadas autoridades y por eso tentar una ley que eleva las penas por difamación, para nosotros era mordaza”, explicó la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Lainez Otero.
“Tenemos maquinarias de desinformación, (…) si no queremos que el Congreso venga a imponer leyes (…) tomemos la responsabilidad de fortalecer nuestros mecanismos de autorregulación” resaltó, que además las rectificaciones deben ser en la misma proporción de la nota que se está corrigiendo.
“Hay que erradicar del sector a la gente que chantajea, que es antiética y gente que es sicaria mediática” recalcó, además que las asociaciones de periodistas deben presentar quejas en sus propios tribunales de ética si un miembro no cumple con el código que los rige, además de que los propios medios deben obedecer a sus propios estatutos y no solo tenerlos porque está normado.
“A más de 190 periodistas no solo los mató el covid, sino la precarización” expresó, además que según una estadística preliminar hecha en Lima solo el 20 % tenía un contrato con algún medio de comunicación, dando a conocer la grave problemática que en tiempos de crisis muestra sus consecuencias.
