La gobernadora regional provisional Liliana del Carmen Velazco Cornejo es acusada de encabezar un complot en la suspensión de Luis Torres Robledo del cargo de gobernador regional. Así lo denunció públicamente a diario Correo el vicepresidente de esa organización política José Flores Guerrero.
Mostró una carta notarial de un estudio de abogados de Lima en donde le exige a Velazco el pago de dinero por los servicios que prestaron para la defensa legal en las dos audiencias que se realizaron ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Según el documento (carta notarial no certificada) a la cual Radio Uno tuvo acceso, esta es firmada por el abogado Jesús Quispe Tarifa, con Reg. CAL 45367, patrocinó a Carlos Alberto Laguerre Cohaila, uno de los cuatro ciudadanos que presentó el pedido de suspensión del cargo de Luis Torres Robledo. El monto que exige como pago es de 35 mil dólares, incluido impuestos, por concepto de honorarios profesionales y/o contraprestación por el servicio legal. Y la suma de 15 mil dólares, incluido impuestos, por concepto de bono de éxito. La suma total asciende a 50 mil dólares.
En parte del documento señalan que la estrategia jurídica y sus argumentos basados en el derecho administrativo, la ética y la lógica han contribuido notoriamente para que el tribunal del JNE declare fundado el recurso de apelación, y consecuentemente luego ha dispuesto convocar a su persona para que asuma provisionalmente el cargo de gobernadora regional, con lo cual se demuestra que se benefició directamente con el trabajo realizado.
A la vez que, refiere que su persona (gobernadora regional provisional) por intermedio del señor Alejandro Quispe Pariona (su padre) y Carlos Alberto Laguerre Cohaila lo contrataron para que asuma la defensa legal en instancia administrativa (Consejo Regional de Tacna) y sede jurisdiccional (Jurado Nacional de Elecciones) para la suspensión del cargo de gobernador regional de Luis Torres Robledo.
Asimismo, le recuerda que se comprometió a asumir en forma directa y/o solidaria el costo del 100% de sus honorarios profesionales por el servicio legal prestado, más los honorarios de éxito de corresponder.
CARTA NOTARIAL
