Marcela Urteaga, abogada del gobernador Luis Torres Robledo, destacó que el proceso ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) culminó: «atravesamos un proceso de suspensión notificada el 14 de junio de este año y la norma nos faculta a recurrir a otras vías que es la constitucional» que el 3 de agosto ordenó expresamente al JNE «dejar sin efecto la resolución que suspende a Torres Robledo» y «suspender la credencial provincial a Liliana Velazco».
«El señor Torres Robledo jamás ha dejado de ser gobernador regional, tenía simplemente la calidad de suspendido y en esa misma medida la profesora Liliana tenía la condición de provisional, y lo dice la misma resolución en sus credenciales», expresó la letrada.
Dejada sin efecto la resolución n°. 89-2023 «los hechos volverían a como estaban antes de su emisión, el señor Luis Torres Robledo como gobernador regional y la profesora Velazco como vicegobernadora hasta que se resuelva nuestra demanda que realmente es un plazo incierto, la carga procesal es alta es por eso que se emiten esta clase de documentos, las medidas cautelares», agregó.
«En tanto se resuelve la demanda que nosotros hemos presentado para no afectar los derechos de quien la presenta, en este caso el señor Luis Torres Robledo, pues el juzgado le otorga esta medida cautelar para no afectarlo en el tiempo, imagínate que resuelvan en cuatro años, ya no podría revertirse esto, ya él no podría asumir su cargo de gobernador regional«, explicó.
Destacó que «se pueden oponer a la medida cautelar; sin embargo, el oponerse es aceptar su condición de medida cautelar y aceptar que tienen que ejecutarla. Esta es una medida que es de obligatoria ejecución, es un mandato constitucional del Primer Juzgado Constitucional de Lima y si quieren oponerse a la medida cautelar que es parte de su derecho tienen que también ejecutarla previamente«.
Sobre la notificación, precisó que la cautelar no la recibe el Gobierno Regional de Tacna. Siendo que, el plazo de 5 días dado por el Poder Judicial es otorgado al JNE «que es quien tiene que ejecutar la orden del juzgado» y en próximas horas ya estaría notificando a Liliana Velasco sobre el retiro de credencial de gobernadora a quien «por un respeto que se le tiene se le ha comunicado la decisión judicial«, dijo.
Para la abogada, que el JNE suspendiera a Torres fue un error y «el error no crea derechos». Y es que, el Jurado en su criterio igualó la detención domiciliaria de Torres Robledo a la figura de la prisión preventiva cuando el Tribunal Constitucional ha hecho una distinción clara de ambas. A la vez que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales considera entre sus causales de suspensión «mandato firme de detención derivado de un proceso penal” que no es la situación de la autoridad «no siendo el hogar la cárcel».
«Quisimos vía documentos corregir esta analogía, esta apreciación que tiene el JNE que afecta hoy a Luis Torres y podría afectar a otras personas como ya lo ha hecho anteriormente», comentó.
Se ha dicho que esta resolución favorecería en la cesación de prisión preventiva de su defendido. Al respecto, Urteaga aclaró que sus obligaciones están orientadas a la suspensión visto en Lima, y que en paralelo el encierro tiene como defensa legal al abogado Adalberto Guevara.
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