El Ministerio de Transportes presentó hoy una queja por inconducta funcional contra los jueces Juan Alfredo Maquera Luque y Carmen Peña Carbajal, del Distrito Judicial de Tacna, por pretender permitir el ingreso al país, mediante medida cautelar, de 3,500 vehículos usados que no cumplen la normatividad vigente.
El titular del sector, Enrique Cornejo; acompañado por el procurador del portafolio, Jaime Vales; y la superintendenta de Transporte Terrestre, Elvira Moscoso, se reunió para tal efecto con el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), Enrique Mendoza, a quien presentó formalmente la queja.
“Hemos venido a la Ocma para solicitar la intervención inmediata de su jefe, el vocal supremo Enrique Mendoza, en este hecho que, sin duda, es de extrema preocupación”, expresó Cornejo, quien detalló que Mendoza ya ha ofrecido el trabajo expeditivo, pero sujeto a derecho de la Ocma, que tiene que hacer su investigación rápidamente.
El problema nace debido a que la empresa H.A. Motors inició un proceso de amparo contra la Sunat en la Corte Superior de Tacna, pretendiendo que se declare ineficaz y se interprete erradamente el artículo 1° del Decreto de Urgencia Nº 050-2008 que modificó el literal a) del artículo 1° del Decreto Legislativo 843 y que establece que la antigüedad de los vehículos usados importados debe contarse a partir del año de su fabricación.
En ese contexto, mediante una medida cautelar dispuesta por el Segundo Juzgado Civil de Tacna, a cargo de Juan Maquera Luque, dicho magistrado, con una interpretación errada de la normativa, sostiene que el cómputo del plazo de antigüedad de los autos usados se inicia a partir del año siguiente al de fabricación y no a partir del año de fabricación conforme prevé la normativa.
"Con lo cual se ha autorizado el ingreso de vehículos usados con hasta seis años de antigüedad y no con un máximo de cinco años como establece la ley", añadió Cornejo.
Por su parte, la jueza Carmen Peña Carbajal, a cargo del Juzgado Civil de Descarga de Gregorio Albarracín de Tacna, pretende ejecutar esta medida cautelar que permitiría a la parte demandante importar vehículos cuyo año de fabricación es 2004 y que hayan sido adquiridos durante 2009.
Eso contraviene precedentes del Tribunal Constitucional (TC), que ha determinado claramente que todos los temas vinculados con la normatividad del transporte público terrestre corresponden al Poder Ejecutivo, añadió el ministro.
El TC ha dispuesto que tanto el Decreto Legislativo 843 como el Decreto de Urgencia 050-2008 son constitucionales, por lo que no pueden ser inaplicados en ninguna clase de proceso por los magistrados.
“La magistrada Peña Carbajal, pese a ello, en estos momentos está requiriendo, bajo apercibimiento a la Aduana, para que deje salir 3,500 vehículos usados”, expresó el ministro Cornejo, quien dijo que el asunto es muy grave porque implica un desconocimiento del mandato del TC.
“Yo no puedo entender además que quien no tiene un vehículo busque comprar uno importado usado en su país de origen y declarado en quiebra o pérdida total con ‘n’ siniestros, sin seguro, con timón cambiado y a un precio por el cual se puede conseguir un auto en condiciones adecuadas”, refirió Cornejo.
La Procuraduría del MTC ya ha solicitado a la jueza Peña Carbajal que se resuelva bajo responsabilidad y se pronuncie aplicando los precedentes de observancia obligatoria del TC y disponga como inejecutable la medida cautelar. Pese a lo cual la jueza ha requerido a la Sunat el cumplir con la medida cautelar.
De aplicarse la medida cautelar, el MTC considera que podría importarse un aproximado de 3,500 vehículos usados que incumplen la normatividad vigente.
El procurador Vales indicó que además ya se ha presentado una denuncia penal contra los dos magistrados involucrados.
“Asimismo hemos dispuesto, y la propia Sunat también a través de su procurador, que ningún funcionario de la Sunat acate el cumplimiento de la medida cautelar, por ser inconstitucional e ilegal.”
Advirtió que para ambos jueces además ya existirían propuestas de destitución, por mostrar conductas ilegales e irregulares. (ANDINA)
