Eloy Llanos asumió la defensa legal de la procuradora de la comuna provincial de Tacna, Sandra Alarcón, que ha sido denuncia por el exregidor Juan Llanqui por presunta colusión en la contratación temporal de personal legal para su despacho. Sobre el caso, el letrado indicó que la imputación carece de sustento al no existir grado de familiaridad entre ella y los trabajadores así sean testigos de su matrimonio.
Como es sabido, el exconsejal aseguró que el 3 de junio de 2023, Alarcón contrajo matrimonio teniendo como sus testigos a dos especialistas legales que actualmente laboran con ella en la comuna provincial, mismos que – afirmó- en setiembre resultaron aptos en convocatoria CAS en la cual, «ella era parte de la comisión junto a César Mejía Tafur y Armando Solís Ramírez». Hecho que derivó a Fiscalía Anticorrupción iniciar investigación, mientras que el caso fue oficiado por Llanqui a la Procuraduría General del Estado pidiendo la destitución de Alarcón quien a la vez es procuradora provisional de la comuna Alto de la Alianza.
Al respecto, el abogado Llanos si bien admitió que su defendida «sí fue miembro (de la comisión evaluadora) eso es de conocimiento público», aseveró al mismo tiempo de resaltar que «son tres los miembros no solamente Sandra Alarcón Varillas».
En cuanto a la condición del personal de Alarcón afirmó que «esto no es un impedimento legal, eso no dice la ley de contratación y son cuestiones subjetivas». «La ley dice que la señora no está impedida, la ley dice que solamente están impedidos los que tienen cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, ninguna de estas personas encuadran en este tipo«, aseguró.
Para Llanos, en esta denuncia «la ética tiene bastantes aristas que tenemos que evaluar para identificar un tema por cuestionar» «lo que hay que evaluar en estos temas es si existe o no el impedimento. Específicamente para contratar de acuerdo a la ley de contrataciones de esas dos personas, si existe un impedimento dentro de la ley de contrataciones para poder ser miembro de una comisión de contrataciones en el caso específico de la señora Sandra Alarcón Varillas, y eso lo va a evaluar la Fiscalía», sentenció.
En misma línea comentó que la acusación parte de intereses personales porque «existe en la procuraduría casi aproximadamente 19 procesos administrativos de nulidad de actos jurídicos de adjudicaciones de terrenos que se siguen contra Llanqui» y «lo peor este señor habría contratado con la municipalidad provincial de Tacna (…) cuando estaba impedido porque la ley dice que no podía contratar después de 12 meses de haber concluido su función de regidor, y lo hizo vulnerando la norma», aseveró.
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