A los actos discriminatorios y faltas en la ejecución del cronograma del proceso de convocatoria, se suma ahora el presunto beneficio que tendrían los nuevos miembros de seguridad ciudadana a quienes se pretendería nombrar irregularmente.
Así lo informó el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo, Edward Vargas Valderrama, tras dar a conocer que se trataría de un proceso de concurso de acuerdo al Decreto Legislativo 276, que otorga el nombramiento al personal que resulte seleccionado sin requerir para ello un periodo de prueba.
“De acuerdo a las bases que me llegaron ayer, es un proceso de concurso de acuerdo al Decreto Legislativo 276 y no al CAS. (…) Me preocupa en el sentido que hay que tener presente que en el sector publico están prohibidos los nombramientos, el hecho que alguien ingrese por un concurso público de acuerdo al Decreto Legislativo 276, se le estaría dando una estabilidad laboral permanente, yo no se si para eso estén contando con un presupuesto y tengan la autorización correspondiente” Indicó.
Asimismo detalló, que si se confirma que el concurso va de acuerdo al DL 276, el municipio provincial también estaría faltando a la norma, ya que dentro de los requisitos del decreto no existen puntos discriminatorios como los de una talla o edad específica.
“El grupo ocupacional es de acuerdo a profesionales, técnicos, funcionarios de confianza, que son requerimientos más intelectuales, más de capacitación, pero en ningún extremo de la norma señala la edad o el peso.Yo creo que ahí están vulnerando los principios de la igualdad ante la de ley”.
La oficina de la defensoría del Pueblo ha dispuesto una supervisión de todo el proceso de concurso, para determinar todas las irregularidades cometidas.
