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Dirección de Transportes: 12 meses de prisión preventiva contra exdirectora y funcionaria

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Tras reprogramación, magistrada Sonia Marín declaró fundado en parte el pedido fiscal de 12 meses contra exdirectora regional de Transportes al estar involucrados en presuntas irregularidades en la emisión de licencias de conducir a cambio de dinero.

La jueza encargada de la audiencia determinó que los investigados por cohecho y tráfico de influencias, exdirectora de Transportes, Rosario del Carmen Andia y los extrabajadores de la entidad Jorge Martín Parra Helera, Gladys Rosana Ganggini García e Hilda Quispe Álvarez, presentan suficientes elementos de convicción para determinar su reclusión en el penal mientras dure la investigación del Ministerio Público.

Como explicó la adjudicatura, son más de 10 hechos los expuestos en los que se corroboraría que la exdirectora de Transportes habría coordinado con los otros funcionarios -en sus cargos de tramitadores, etc.- para acelerar y ayudar en la aprobación de examen de conocimientos, así como la jueza dio lectura al hecho 02 en el que, según registro de comunicación, se vincula a Rosario del Carmen y el tramitador Pedro Ayca Días, contra quien también se formalizó una investigación preparatoria por cohecho pasivo propio.

Así mismo, señaló que durante todas las audiencias de prisión preventiva contra la exdirectora no se ha negado el cargo de funcionaria pública en el que, laborada desde el 25 de mayo del 2022, durante la gestión del exgobernador Juan Tonconi.

Mientras tanto, la magistrada Sonia Marín explicó que, según lo expuesto por la Fiscalía, lo que se investiga es el haber “ayudado” a los postulantes en aprobar el examen de conocimientos mas no el de manejo y “al existir una confusión respecto a los elementos de convicción ofrecidos, el juzgado determina que no existen elementos de convicción por el segundo supuesto”, añadió.

Según explicó la magistrada, en el caso de la exdirectora de Transportes, Rosario del Carmen García Andia, la prognosis de pena es grave por ser de hasta 10 años y 4 meses por lo que la máxima medida de prisión preventiva (18 meses) sería un exceso, concluyendo que la prisión preventiva para la exfuncionaria sería de 12 meses de prisión preventiva al ser acusada de delitos como tráfico de influencias y cohecho pasivo propio.

Del mismo modo, para Hilda Quispe Álvarez la magistrada señaló que el arraigo domiciliario no sería de calidad, además durante el derecho a manifestarse, la imputada señaló que se encontraba separada y que era el único sustento para sus hijos, especialmente para un menor y fue ante esto por que la jueza señaló que la prisión preventiva no se vería afectada debido a que la manutención del menor acaecería sobre el padre. Para Quispe también se declaró 12 meses de prisión preventiva.

Con restricción de salida del país fue lo que declaró la magistrada para los investigados Jorge Martín Parra Helera y Gladys Rosana Ganggini García.

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