Desde 2020, Juana Lanchipa Alave clama justicia para su hija Yovana Mamani Lanchipa, bióloga gestante de 7 meses que falleció en el centro de salud de Tarata. Así, la madre ha emprendido incansable lucha en pasillos de fiscalía y juzgado de la provincia de Tarata, hallando solo trabas a su pedido de cárcel para el contador Jorge Javier Ticona Izquierdo a quien acusa de feminicidio.
A Ticona Izquierdo se le sindica de haber golpeado y empujado por las escaleras de un segundo piso a la gestante durante una reunión social en el centro de salud de Tarata el 19 de setiembre de 2020 (en donde ambos laboraban), perdiendo a su bebé y falleciendo ella una semana después en EsSalud. De las diligencias, fueron ordenadas la homologación de rastros de sangre hallados en la escena y levantamiento del secreto de comunicaciones del denunciado, la primera no se cumplió, pero si bien las empresas de telefonía entregaron la información, en la carpeta – según denuncia- solo aparecen datos de la fallecida más no del imputado para quien fue detectado que tenía tres números.
Denuncia
La abogada Hilda Mamani Lanchipa advirtió este viernes 19 de abril, que la fiscal adjunta provincial de Tarata, Sonia Jiménez Paredes, incurrió en grave irregularidad que favorece al imputado siendo quejada ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público por encubrimiento real y otros, de igual forma fue denunciada ante la Primera Fiscalía Superior Penal de Tacna, y otra medida similar fue adoptada en contra de la juez Magui Melody Cazorla Salas.
Según la defensa legal, la fiscal demoró en notificarle la disposición de la conclusión de la investigación preparatoria, enterándose de ello recién en tercera o cuarta audiencia de tutela de derecho siendo la juez de Tarata quien le informa de esto motivando apelación dado que transcurrieron 2 meses y 29 días para que la fiscal comunique la disposición.
“En ninguna de las audiencias la fiscal Sonia Jiménez Paredes me indica a mí que ya presentó la disposición de la conclusión de la investigación preparatoria en julio (2023)”, afirmó la abogada al mismo tiempo de indicar que, además en otra audiencia del 8 de enero de 2024 se enteró que la fiscal presentó solicitud de sobreseimiento, queriendo archivar el caso.
Hallando así “un cuaderno incidental en la carpeta fiscal que era el expediente n.° 02983-2021-99, pero era del caso de feminicidio y era el levantamiento de secreto de comunicaciones” no entendiendo qué pasó “por qué otra carpeta de este aspecto con otro código“, pues “hay otro cuaderno, el n.° 1150-2022-7”.
“Y cuando hago comparaciones, uno en carpeta fiscal y el otro en expediente judicial, los dos tienen la misma resolución judicial con la misma fecha, pero revisando en el sistema no existe el expediente“, aseguró.
Para la abogada “han tratado de esconder los medios de prueba, porque no pueden existir dos expedientes judiciales; uno que esté notificado en una carpeta fiscal (…) y que el otro en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarata solamente está el otro cuaderno incidental, pero los dos cuadernos incidentales del levantamiento de secreto de comunicaciones con diferente periodo de año tienen la misma resolución del juez, pero ninguno de los dos están en sistema”.
“Por qué crearon dos cuadernos incidentales, por qué creó esto el juzgado de investigación preparatoria, qué pasa ahí y por qué no está en su sistema y por qué lo tiene la Fiscalía. Uno llega a pensar que ellos, tanto la Fiscalía como el Juzgado han tratado de tapar este delito de feminicidio o qué están ocultando“, cuestionó.
La Sala Penal respondió que el caso debía ser derivado al Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarata, cuya juez es la denunciada, lo cual resulta un error para la abogada ya que “eso debería ser notificado al Ministerio Público consultando por qué han aparecido dos cuadernos”. Ahora, el hecho estaría en evaluación en el referido juzgado.
No hay justicia para gestante fallecida: denuncian feminicidio en Tarata
