El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impuso la sanción administrativa de destitución contra Daniel Soria Luján como procurador general del Estado.
Mediante la Resolución Ministerial N° 0097-2024-JUS, el titular del Minjusdh, Eduardo Arana, también dispuso remitir la medida a la Procuraduría para proceder con el cese de la contraprestación de Soria.
«Se resuelve imponer la sanción administrativa de destitución al servidor Daniel Soria Luján, en su calidad de procurador General del Estado, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución», se lee en la documentación.
El proceso administrativo sancionador por el que Daniel Soria ya había sido suspendido se da por un incumplimiento de requisitos para que ocupe el cargo, que fue advertido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría.
Asimismo, se remitirá una copia de la resolución y de sus antecedentes a la Procuraduría del Ministerio de Justicia y derechos Humanos para que según sus competencias inicien las acciones legales que correspondan en defensa de los intereses de la Entidad.
PROCESO ADMINISTRATIVO
El pasado 24 de noviembre de 2023, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante una comisión ad hoc, resolvió suspender temporalmente a Daniel Soria de sus funciones como procurador general del Estado.
Ello, en el marco de un proceso disciplinario iniciado por una advertencia que realizó el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría respecto de que el funcionario no cumplía con los requisitos establecidos cuando fue nombrado en el cargo durante el Gobierno de Martín Vizcarra, según se precisó, solo contaba con un certificado como asesor de la Defensoría del Pueblo.
En febrero de este año, la comisión ad hoc encargada del procedimiento administrativo disciplinario contra Soria recomendó al ministro de Justicia, Eduardo Arana, que se destituya a dicho funcionario.
Precisan, además, que Soria se benefició ilícitamente al ostentar un cargo que no le corresponde y que existían indicios suficientes que acreditan que Soria vulneró los principios de probidad, idoneidad y veracidad, regulados en la Ley del Código de Ética.
