En Lima, se realizó este lunes 13 de mayo una reunión de trabajo entre el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo y la congresista de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez Gallegos.
Sostuvieron conversación acerca del Proyecto de Ley N 7768/2023-CR , que tiene el propósito de formalizar predios urbanos y rurales, siendo presentado el mismo el pasado 6 de mayo por la parlamentaria ante el Congreso.
Así, se destaca en el art. 2 que las entidades de la administración pública comprendidas en este artículo deberán suspender, a solicitud de COFOPRI, todas las acciones destinadas a iniciar procesos judiciales para la desocupación de terrenos.
Esta suspensión se aplica específicamente a los terrenos cuya titularidad haya sido asumida por COFOPRI como resultado de sus acciones de formalización. En estos casos, las entidades de la administración pública, a petición de COFOPRI, deberán instruir a sus Procuradores para que se presenten los desistimientos correspondientes. Cualquier acción que contravenga lo establecido en esta normativa será considerada nula.
En el caso de procesos judiciales concluidos y en fase de ejecución de sentencia, si han pasado más de 6 meses sin que se haya llevado a cabo la ejecución, COFOPRI está facultado para asumir la titularidad de los terrenos ocupados por posesiones informales con el propósito de formalizarlas.
Los terrenos estatales identificados por COFOPRI se reservan únicamente para la adjudicación de parcelas de vivienda del Estado, excluyendo aquellos que estén bajo la jurisdicción de gobiernos regionales o locales según las leyes orgánicas pertinentes.
También se precisa en cuanto, a la vigencia del régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios urbanos, que se extiende el plazo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 28923, por un periodo adicional de 4 años, el cual concluirá el 31 de diciembre de 2030.
Este nuevo periodo de vigencia comenzará a contarse inmediatamente después del vencimiento del plazo actualmente establecido, con el objetivo de continuar con las labores de formalización de la propiedad predial urbana y contribuir al cierre de las brechas de informalidad en el territorio peruano.
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