Tal como anunció el Gobierno Central meses atrás, el centro penitenciario de Challapalca fue reabierto ayer. Una aeronave Antonov de la Policía Nacional del Perú, llegó al promediar las 15:45 hrs. al aeropuerto internacional Manco Cápac de Juliaca transportando a varios de los delincuentes y criminales más peligrosos de los últimos tiempos, nuevos inquilinos del nuevamente operativo penal.
Entre los veinte internos trasladados desde la ciudad capital figuran el líder de "Los destructores", el interno Aucari Bellido; el hermano del cholo Jacinto; Jonhy Vásquez Carti alias "La Gata", un ex policía que sembró el terror en el norte, e integrantes de la banda "Los malditos" que asaltaron el Banco de La Nación de Azángaro, además de los cabecillas de bandas que conducen secuestros y actos criminales desde las prisiones peruanas, cuyas identidades se mantienen en reserva.
Previamente a su ingreso a Challapalca, los reclusos fueron objeto de un chequeo médico en el penal La Capilla. Su traslado hacia el reclusorio reabierto estuvo resguardado por 21 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), provenientes también desde Lima y cerca de 40 efectivos del Grupo Operativo Especial y personl del INPE Puno, al mando de su director regional Henry Centeno Molina.
La puesta en funcionamiento de Challapalca (inhabilitado desde el 2005) responde a una iniciativa del Presidente Alan García, quien a fines del 2006 planteó la posibilidad de reabrirlo para internar allí a los delincuentes más avezados del País. Posteriormente en febrero de este año, el entonces titular del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Benedicto Jiménez Bacca, anunció la reapertura, pero ello quedó en suspenso.
Como era una medida de Estado, el actual presidente el INPE, Gustavo Carrión Zavala, tuvo que adoptar medidas para reiniciar las labores penitenciarias en esas instalaciones ubicadas a 4200 metros de altura en el altiplano peruano.
Los trabajos en el recinto que tiene una capacidad para 250 internos, demandaron una inversión que cercana a los 200 mil soles y contemplan la dotación de servicios básicos (luz y agua), refacción de pabellones y se colación de instrumentos de extrema seguridad.
Días atrás, un funcionario de la Defensoría del Pueblo objetó esta posición, considerando que el establecimiento era literalmente infrahumano, sin embargo el INPE ha señalado que las observaciones planteadas también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un par de años, fueron levantadas íntegramente, de modo que el recinto se encuentra expedito para cobijar a los delincuentes.
