“La denuncia es por el pago indebido de la CTS y los funcionarios que visaron y viabilizaron la entrega de ese dinero”, señaló Curi, para luego precisar que mañana acudirá al Ministerio Público de la jurisdicción, para presentar las pruebas incluidas en el expediente y así dar inicio la investigación respectiva.
En la denuncia se incluyen a otros 3 ex funcionarios de la comuna, que hicieron posible el pago, entre ellos el gerente general asi como el encargado del área de administración y planificaicón.
Y aunque Cabrera Zolla ratificara que el cobro que realizó sí le correspondía legalmente, el burgomaestre señaló que todo se trataría de una mala interpretación de la ex autoridad edil.
“Dice que es correcto que se pague CTS a los alcalde, pero en realidad en este caso es cuestión de interpretación. Quienes están sujetos a liquidación de CTS son funcionarios que firman contrato y nosotros no firmamos ningún contrato (…) Es el Jurado Nacional de Elecciones el que nos declara alcaldes mediante una resolución,” subrayó.
“EX GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES RENUNCIÓ POR NEPOTISMO”
Luego que José Horna Donoso, ex gerente de servicios sociales y comunales del municipio distrital de Gregorio Albarracín, afirmara en un medio local que renunció al cargo por presiones de allegados al partido del alcalde, éste fue desmentido al informarse que todo se trata de un caso de nepotismo.
Según explicó el burgomaestre Santiago Curi, el ex funcionario empleó a su tío y primo en el programa de focalización vecinal, donde junto a otros 38 trabajadores debía realizar un censo durante un mes a cambio del pago de 550 nuevos soles.
Este hecho fue confirmado por Horna Donoso, quien fue invitado a renunciar agradeciéndole por sus servicios, refirió la autoridad edil.
“Él lo ha reconocido públicamente, pero nosotros como municipio no podemos hacernos de la vista gorda (…) Es por eso que una forma de poder decirle que deje el municipio y agradecerle por los servicios prestados es que presente su carta de renuncia. Pero contrario a eso, él hace declaraciones que no se ajustan a la verdad, es por eso que ya nosotros le hemos cursado una carta notarial a efecto que haga la rectificación,” señaló.
Asimismo adviritó que no de rectificarse entablará una denuncia penal, a la par de estar "obligados" -como institución agraviada- a iniciar las acciones administrativas que establecen sanciones que inhabilitan de la gestión pública al funcionario que cometió la falta, de 2 a 5 años.