El reconocido especialista en temas ambientales y mineros, Karim Kahatt aseguró que los gobiernos locales no están facultados para pronunciarse sobre temas mineros y ambientales en sus jurisdicciones y además precisó que la acción constitucional de amparo que pretende presentar la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) contra la empresa minera Minsur no tendría sustento legal ni podría ser acogida con éxito para evitar la explotación minera en el distrito de Palca.
El sustento que esbozó Kahatt Navarrete es que aunque las acciones constitucionales busquen garantizar los derechos de las personas, estos no son de aplicación automática y que hace falta que sean desarrollados a través de mecanismos legales y normas brindadas por los entes correspondientes, en este caso el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) organismo que fija que las empresas mineras deban presentar sus Estudios de Impacto Ambiental (EIA), procedimientos de residuos sólidos, así como uso de agua y calidad de aire y agua.
“Para presentar una acción constitucional se tiene primero que identificar el derecho que es materia de violación. En este caso el municipio determina presentar este recurso tomando como base la supuesta diligencia de constatación que efectuó el Fiscal de la Prevención del Delito, Rodolfo de Amat, en la zona donde se ubicaría la mina. Sin embargo olvidamos que la empresa Minsur acaba de culminar recientemente con su etapa de factibilidad y esta prueba de inminente contaminación debería determinarse en la fase de explotación, etapa a la que aún no ha llegado”, precisó.
El especialista también precisó que al ser el estado un solo ente público, ni los gobiernos locales ni otra institución estatal pueden contravenir a las disposiciones amparadas en el estado de derecho que da potestad al gobierno a entregar las facultades correspondientes a la Dirección de Asuntos Ambientales y Mineros del MINEM para autorizar o no las explotaciones mineras a nivel nacional.
“El estado no puede deshacer con una mano lo que hace con la otra. En el marco del estado de derecho los municipios y ministerios forman parte el estado y es el estado el único que puede determinar si se llevan a cabo o no estas explotaciones. Y el único ente con facultades para evaluar las iniciativas empresariales que involucren al medio ambiente y la minería, es el MINEM representada en las provincias en las direcciones regionales. Los gobiernos Locales no tienen facultad para pronunciarse sobre los temas mineros”, subrayó.
MESAS DE DIÁLOGO
Respecto a la convocatoria de una mesa de diálogo entre las comunidades campesinas y las empresas mineras. Kahatt Navarrete fue enfático al señalar que aunque estas convocatorias constituyan mecanismos de participación y regulación ambiental ninguna compañía ni autoridades representativas están obligadas a participar en ellas y sus conclusiones no son vinculantes para determinar o no la explotación minera en las zonas de explotación.
“Las conclusiones de las mesas de diálogo no tienen efecto vinculante, solo pueden ser adoptados para brindar recomendaciones y convocar a la población y lograr que ésta se entere de los procedimientos que las compañías elaboran en la etapa previa y durante la fase de la explotación. La participación ciudadana que los procesos de consulta otorgan a las comunidades reconoce su derecho a voz pero no les da la capacidad de veto ni de decir no a los proyectos. Para eso está la autoridad elegida y a quien se le otorga amplio poder para pronunciarse sobre los temas ambientales y mineros”, refirió.
EIA y PLAN DE CIERRE DE MINSUR
Respecto a la presentación del EIA de la empresa Minsur. Kahatt refirió que la compañía cumplió con presentar el documento en agosto del 2009 y que luego de un año como lo establece la normatividad cumplió con remitir su plan de cierre, documento fundamental para definir la explotación minera en la zona.
“Minsur ya cumplió con remitir su EIA con las observaciones levantadas, a 365 después de la primera presentación remitió su Plan de Cierre de Mina y actualmente este instrumento técnico de ingeniería y financiero legal que es el que falta y es más importante, debido a que sin él no se puede iniciar el movimiento de tierras para la construcción de la planta ni garantizar que la compañía al término de sus operaciones deje el espacio físico en las mejores condiciones ambientales para que continúe con las actividades que realizaba antes de iniciadas las explotación minera”, indicó.
CONSULTA POPULAR
Para Kahatt otro de los instrumentos de fue tratado ayer en sesión municipal referente a la consulta popular se da bajo diversas modalidades de regulación. La jerarquía más alta sería el referéndum que tiene alcance nacional y constitucional pero no es una herramienta que evalué temas específicos ni actos administrativos individuales dirigidos a un titular exclusivamente, sino sólo para aprobar o derogar normas en materia política o económica.
“Reconocemos que hay mecanismos de consulta regional que tiene por objeto evaluar el trabajo de las autoridades y promover también su remoción, así como la aprobación y derogación de ordenanzas, pero estas herramientas de consulta se usan no para criterios específicos como proyectos mineros, para lo cual existen los entes correspondientes para evaluar su operatividad”, refirió.
En relación al cabildo abierto Kahatt precisó que esta herramienta se usa para temas municipales y específicos con funciones y atribuciones propias de los gobiernos locales y que sirven para evaluar las gestiones ediles y no para atizar un clima de popularidad y supuesta democracia. “Los temas ambientales y mineros no están dentro de las competencias de los municipios. Le corresponde al MINEM pronunciarse y un probable referéndum solo busca conseguir un clima de popularidad y democracia”, refirió.
Lo que sí recomendó el especialista fue promover un monitoreo participativo capacitando a las comunidades sobre los derechos que tiene como comuneros y sobre los reales efectos a corto y largo plazo tras la explotación minera en la zona. Al respecto precisó que les corresponde a los inversionistas generar espacios de capacitación para que las mismas comunidades participen en sus proyectos de desarrollo y sobre los mecanismos de control para evitar que se mal utilicen los recursos.
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