La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, lanzó ayer el Plan Brasil sin Miseria, un nuevo paso al frente en la erradicación de la pobreza extrema en el gigante sudamericano, que afecta a unos 16,2 millones de personas que viven con menos de 70 reales (unos 30 euros) al mes.
Con esta nueva ofensiva social, que a partir de hoy será el buque insignia de su Gobierno, Dilma Rousseff recoge el legado político de su antecesor. "La lucha contra la pobreza es un deber del Estado y una tarea de todos los brasileños. No podemos olvidar que el desafío más difícil, el problema más grande y angustioso de este país es tener una pobreza crónica enquistada", declaró Rousseff durante la presentación del programa, en Brasilia. Este programa tendrá que ser compatible con la voluntad anunciada por la presidenta de controlar el gasto público y el aumento de la inflación.
El objetivo de este es erradicar la pobreza extrema en 2014. En una entrevista concedida esta semana a Le Monde, BBC y EL PAÍS, la ministra afirmó: "Si llegamos a 2014 con este objetivo cumplido, seremos el primer país en desarrollo del mundo en alcanzar la meta principal de los Objetivos del Milenio [de Naciones Unidas], que es erradicar la extrema pobreza".
Este es el faro, por tanto, que guiará al Ejecutivo de Rousseff a partir de ahora, mediante un programa que pretende atajar el problema desde varios frentes (educativo, laboral, acceso a servicios públicos básicos, desarrollo rural y redistribución de la renta, entre otros). La iniciativa integra planes existentes, que han sacado a más de 20 millones de habitantes de la pobreza en la última década, y otros de nueva creación. "La ascensión social de esos millones de brasileños hizo disminuir la desigualdad, sin duda alguna, pero también amplió nuestro mercado interno, hizo a nuestro país más sostenible y aceleró nuestro desarrollo económico", recordó ayer Rousseff en referencia al impacto de las políticas de Lula en la economía del país.
"Podríamos habernos limitado a ampliar el programa Bolsa Familia y con esto conseguiríamos que los 16,2 millones de personas que se encuentran en la extrema pobreza salgan de ese pozo. Lo que pasa es que entendemos que un país que está creciendo tanto como Brasil no se puede limitar a un programa de transferencias de renta", explicó Campello.
El exitoso programa Bolsa Familia, que ya beneficia a 12 millones de familias brasileñas -ayudas de hasta 242 reales al mes a madres de familia a cambio de que estas garanticen la escolarización y la vacunación de sus hijos-, pone ahora su foco en 800.000 hogares muy pobres que tendrían derecho a la ayuda directa y que, sin embargo, no la reciben. "Las personas que priorizamos ahora son las más difíciles de tratar, porque no han tenido acceso a la educación, están perdidas geográficamente, no están documentadas y, por lo tanto, el Estado no sabe quiénes son. Algunas ya llamaron varias veces a la puerta del Estado y este no las atendió correctamente", expuso una de las ministras clave del Gobierno brasileño. "El concepto a partir de ahora es que el Estado va a llegar adonde está la pobreza, y no al contrario, el pobre persiguiendo al Estado", añadió.
Según el mapa de la pobreza elaborado por el Gobierno, de los 16,2 millones de brasileños extremadamente pobres, más del 50% tiene menos de 20 años y el 40% es menor de 15; el 71% son negros. Esto plantea un reto desde el punto de vista educativo y de formación. "Este país tiene un déficit de mano de obra enorme a todos los niveles, no solo en empleos cualificados. Podemos aprovechar este hecho para cualificar en los próximos cuatro años a 1,7 millones de personas extremadamente pobres en las ciudades", dijo Campello.
En la deprimida área del noreste brasileño se concentra casi el 60% de la extrema pobreza del país, mayoritariamente en zonas rurales. En esa región, el Gobierno pretende dar prioridad a los programas de apoyo a las pequeñas explotaciones agrícolas. Otra de las ideas más llamativas del Plan Brasil sin Miseria es la creación de la denominada Bolsa Verde, una ayuda directa de 300 reales trimestrales (unos 130 euros) para aquellos agricultores pobres que se comprometan con la preservación medioambiental en sus explotaciones.
Cortesía: El País
