El Poder Judicial declaró improcedente la demanda de amparo presentado por la presidenta Dina Boluarte con la que buscaba anular la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación en su contra ante el Congreso de la República por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en las manifestaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
La Segunda Sala Constitucional de Lima también adoptó similar medida respecto al extremo de dicha demanda de amparo, en el que la mandataria solicitaba que se archive tanto la investigación por la muerte de cinco personas y las lesiones de una sexta persona, que es la base de dicha denuncia constitucional, así como la investigación fiscal por el presunto delito de genocidio.
El tribunal superior reformó así la sentencia que emitió, en primera instancia, el juez constitucional Jonathan Valencia López el último 27 de marzo en la que había declarado infundada esta demanda.
La sala superior determinó que la presente demanda se ha entablado de manera prematura, ya que no se han agotado los mecanismos internos previstos en el proceso penal subyacente. Por tanto, no cumple con el requisito de firmeza establecido en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, impidiendo que el colegiado constitucional pueda evaluar la existencia o no de vulneración de derechos.
La Fiscalía de la Nación presentó esta denuncia constitucional contra la mandataria en noviembre del 2023 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para que se proceda con el trámite respectivo.
