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Eficcop pide 36 meses de prisión preventiva para hermano de presidenta Dina Boluarte

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El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) solicitó medida de prisión preventiva por un plazo de 36 meses contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta del Perú y el abogado Mateo Castañeda, quien ejerció hasta mayo pasado la defensa legal de la mandataria, por presuntamente involucrados en la organización criminal denominada “Los Waykis en la Sombra”. La audiencia en la que se decidirá el requerimiento fiscal se llevará a cabo mañana viernes 9 de agosto a las 2:30 p.m., que se realizará en la sala de audiencias de la Corte Superios Nacional de Justicia Penal Especializada, sitio en la Av. Tacna N.º 734, Cercado de Lima.

El caso “Los Waykis en la Sombra” involucra a una presunta organización criminal que, según las investigaciones preliminares, habría operado en diversos niveles del aparato estatal peruano. Según el Ministerio Público, esta organización habría tenido como objetivo principal obtener beneficios económicos y políticos mediante la manipulación de procesos administrativos y la concesión irregular de contratos estatales.

El EFICCOP, a cargo de las investigaciones, sostiene que los acusados, entre ellos Boluarte y Castañeda, habrían jugado roles clave dentro de la organización. Según las evidencias presentadas, se les acusa de haber participado activamente en la planificación y ejecución de actividades ilícitas que habrían causado un perjuicio significativo al Estado peruano.

La solicitud de prisión preventiva presentada por el fiscal provincial Carlos Ordaya López, miembro del equipo especial, se fundamenta en los artículos 268 y siguientes del Código Procesal Penal. La medida también se justifica con base en precedentes judiciales, como la Casación N° 626-2013-Moquegua y el Acuerdo Plenario N° 01-2019/CIJ-116, los cuales establecen los criterios para aplicar esta medida cautelar en casos de crimen organizado.
Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, la prisión preventiva por un periodo de 36 meses es necesaria para garantizar la presencia de los acusados durante el proceso judicial, así como para evitar que puedan interferir con las investigaciones o influir en los testigos. También se menciona que “la prisión preventiva es necesaria para proteger la integridad del proceso judicial, evitando cualquier interferencia que pudiera comprometer la obtención de justicia en este caso”.
(Fuente: Infobae y Canal N)