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Exculpan a acusado de violación sin notificar a familia de agraviado

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El ex policía Luis Orlando Caján Gil (58), natural de La Libertad, fue declarado inocente del presunto delito contra la libertad sexual (violación sexual) en agravio de un menor de 8 años.

Progenitora afirma que apelará sentencia.

Así lo dio a conocer la madre de la víctima, Rosa Sonco quien asegura no fue notificada a tiempo para asistir a la lectura de sentencia en la sala del penal de Pocollay, donde permaneció internado Caján Gil.      

“Yo no he sido notificada, mi abogado dice que hace dos horas le llegó notificación, justo  10 minutos antes de la lectura de sentencia”, indicó, tras señalar que se cometieron una serie de irregularidades a favor del imputado.

Entre ellas que el juez haya solicitado la presencia del menor en el centro penitenciario en reiteradas veces –dijo la madre- y que el abogado defensor pidiera un careo entre el niño y el presunto agresor.

“El juez me dijo -estos casos se dan en la mayoría cuando son madres solas ¿Eso que tiene que ver? El niño no ha estado bien cuidado-Pero yo tengo testigos, mi hijo ha sido bien cuidado y protegido”, denunció la progenitora, al tiempo de recordar que según las declaraciones de su pequeño,  los hechos se suscitaron en el centro educativo El Faro, donde cursaba sus estudios primarios.

Además relató que fue maltratada verbalmente no solo por las autoridades del colegio, sino por parte de los familiares de Caján Gil, quienes seguros de su inocencia, se burlaban de su terrible caso. “¿Por qué no has cuidado a tu hijo? bien hecho que lo han violado me decían,” manifestó Yovanna.

Finalmente  pidió que los jueces actúen correctamente y anunció que apelará esta sentencia.

 

ANTECEDENTES.

 

En agosto del 2010 Luis Orlando Caján Gil (58), fue detenido en su vivienda de la asociación San Pedro y San Pablo, manzana F, lote 6, al encontrarse implicado en un caso de presunto delito contra la libertad sexual  en agravio de un menor.

Caján Gil fue intervenido por un mandato judicial que facultaba a representantes de la Fiscalía realizar el allanamiento y descerraje de dos viviendas del inculpado, luego de que Rosa, viuda, trabajadora del Gobierno Regional de Tacna, denunciara que su hijo fue agredido cuando era alumno del colegio adventista El Faro.