El Congresista Carlos Anderson indicó que Petroperú siempre ha sido la caja chica del gobierno, «es una empresa quebrada porque además tiene una deuda de más de 8 mil millones de dólares». Que, sumado a la inacción del gobierno con la asignación de presupuesto sin restructuración ha hecho que el directorio diga sencillamente que no se hará cargo de este muerto.
«Durante los últimos 10 años las pérdidas acumuladas de Petroperú son equivalente a 2,5% del PBI nacional, de la economía nacional ¿Cuánto es eso en dólares? cada punto del PBI son 2 mil 600 millones de dólares, multiplícalo por 2.5, estamos hablando de un poco más de 8 mil millones de dólares en pérdidas acumuladas«, detalló el legislador.
Según el congresista, Petroperú simplemente tiene frente así o la posibilidad de seguir en el mismo estado de cosas que «es lo que pareciera haber decido la señora Baluarte con el presupuesto del consentimiento de Energía y Minas y su ministro de Economía, que son dos ministros que se sientan en la junta general de accionistas de Petroperú, o sea ellos tienen responsabilidad directa«.
O podrían básicamente pues hacer lo que el directorio ha venido recomendado que es una restructuración pero profunda de la empresa que implicaría recortes, el manejo profesional por algún grupo de especialistas en manejar empresas en esta situación, pero la inacción del gobierno y aparentemente trabajos para generar un decreto de urgencia que nuevamente signifique dirigir recursos a esta empresa sin que haya sido restructurada motivó la decisión de renuncia colectiva.
A la vez, destacó que Petroperú no rinde por muchísimas razones; primero porque «siempre ha sido la caja chica de los gobiernos, ha tenido nombramiento político de gente inoperante que ha hecho abuso de poder con complacencia de los trabajadores a quienes han dado una serie de gollerías».
Como es sabido, este martes 10, a través de un comunicado oficial, el Directorio de Petroperú, designado por la Junta General de Accionistas (JGA), ha anunciado su renuncia colectiva debido a la falta de pronunciamiento por parte del Gobierno frente a la situación financiera de la empresa.
