A más de 2 años de haber iniciado la lucha en contra de la concesión de la minera Newmont, el pueblo de Ticaco vuelve a pedir se reconozca las reiteras consultas populares en las que le dijeron no a la transnacional. Sin embargo esto no se tomaría en cuenta, debido a la normatividad que rige el país.
Edward Vargas Valderrama, jefe de la Defensoría del Pueblo
Así lo indicó Edward Vargas Valderrama, jefe de la Defensoría del Pueblo, quien explicó que los lamentables hechos del “Baguazo”, dieron pie a una propuesta de ley en la que se reconocía el derecho a la consulta de los pueblos, como requisito vinculante a cualquier trámite de instalación de las mineras.
“Hay que tener presente que la normatividad lamentablemente no acepta como una cosa vinculante la consulta popular es por eso que la defensoría del pueblo, desde que paso los hechos en Bagua, ha propuesto que se apruebe mediante una ley, la consulta o el derecho a la consulta (…) Sería fundamental que el pueblo originario de la zona opine respecto a la instalación de una mina, y es su derecho de ellos justamente aceptar o no”, sostuvo.
Asimismo señaló que haciendo caso a los pedidos de los dirigentes ticaqueños, ya se ha solicitado la información del estado de los trámites de la Newmont, ante el ministerio de energía minas.
“Queremos saber en que estado se encuentran los trámites de esta empresa minera, para ver en que etapa esta, porque son 8 etapas para pedir una autorización (…) de acuerdo a esta información se puede realizar una acción administrativa o judicial”, refirió el funcionario.
Además recalcó que el gobierno actual deja 277 conflictos sociales a nivel nacional, al electo presidente Ollanta Humala Tasso. 145 de ellos corresponden a conflictos activos, entre ellos los que se encuentra la medida de lucha de Ticaco.
