Mediante una publicación en el diario El Peruano, se dio a conocer que la Ley 32130 que transfiere a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad para investigar delitos fue aprobada y oficializada por el Gobierno de Dina Boluarte. El objetivo principal sería delimitar y detallar mejor las funciones y responsabilidades de la Policía y del Ministerio Público en las investigaciones penales.
La ley modifica artículos claves, como el que define que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de liderar la investigación penal, garantizando el respeto a los derechos de los imputados. Además, se establecen criterios más claros sobre las atribuciones y funciones de la Policía en la recopilación de pruebas y la conducción de diligencias, que ahora deberán realizarse con la presencia obligatoria de un abogado defensor.
Las modificaciones también introducen regulaciones sobre la detención preliminar, los requisitos para la recusación de jueces, y el control de identidad por parte de la policía.
La propuesta fue impulsada desde la Comisión de Justicia y la Comisión de Defensa contó con 72 votos a favor. Sin embargo, varios juristas argumentan que esto podría ser considerado un atentado contra la Constitución, ya que restringiría las facultades de la Fiscalía y la PNP no estaría adecuadamente preparada ni capacitada para llevar a cabo este tipo de diligencias.
