No se instaló el juicio oral previsto para este jueves 14 desde las 9:00 a. m. de manera virtual contra la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, debido a que estaba pendiente de resolver una apelación presentada por la autoridad, siendo reprogramada la audiencia para el 21 de noviembre a las 3:00 p. m. de manera presencial.
La gobernadora es acusada del presunto delito de falsa declaración en un proceso administrativo. Y, hoy jueves debió comparecer ante el juez Luis Antonio Talavera Herrera, del Tercer Juzgado Unipersonal de Moquegua. En tanto, la acusación fue interpuesta por el fiscal Roberto miguel Giraldo Cadillo, alegando que Gilia Gutiérrez incurrió en declaración falsa ante el Jurado Nacional de Elecciones al omitir en su hoja de vida la posesión de bienes inmuebles.
Además de este, pesan sobre la autoridad otros presuntos hechos advertidos por el fiscal anticorrupción de Moquegua, Emilio Salas, quien a Radio Uno mencionó «las camionetas 4×4, varios casos en los que se benefició a dueños de empresas cercanas a la gobernadora, denuncias en contra de personas que acompañaron a la gobernadora durante su campaña y que ahora aparecen como proveedores o funcionarios de la entidad e incluso hubo hasta allanamientos como el caso 4×4».
«Nosotros vamos a coordinar documentos que están pendientes. Por lo que es contra de otros funcionarios incluso de la gestión pasada, casos que recién se anuncian porque como sabemos en los casos de corrupción de funcionarios las denuncias se producen después», comentó.
Así, el fiscal explicó que el Gobierno Regional de Moquegua (GRM) tiene múltiples unidades ejecutoras. Así, existen 50 casos del gobierno regional entre todas estas. Entre ellos, está el caso Incorregibles del Sur en el que si bien la gobernadora no está comprendida, sí se implican a varios funcionarios del GRM en el que no hay acusación aún. Al respecto, refirió que 4 están en prisión preventiva por 20 meses, son 38 los investigados por conformar esta presunta organización criminal, y la investigación está en etapa preparatoria y podría demorar 36 meses por el referido delito.
«Hemos pedido información a la Dirección Regional de Transportes sobre qué procesos se han instaurado sobre evaluadores y funcionarios por estos hechos (…) se nos informó en un momento que no había un proceso y estamos solicitando nuevamente información», agregó a la vez de precisar que por este caso no está implicado el actual director de Transportes.
