El penal de Challapalca, es un centro penitenciario ubicado a más de 4 200 metros sobre el nivel del mar, situado en la provincia de Tarata, en la región Tacna; penal que alberga a los delincuentes más peligrosos del Perú. Y cuyo funcionamiento data de 1997, y desde un inicio siempre generó el rechazo de la población que se encuentra en los alrededores, rechazo que se incrementó ante el anuncio de su ampliación para el traslado de sentenciados por extorsión, sicariato, secuestro y tenencia ilegal de armas. Ante esto, el 30 de octubre miles marcharon en Tacna en contra de la imposición del gobierno de Dina Boluarte.
Ante la protesta, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mediante un comunicado emitido el mismo día, ratificó su intención de ampliar la capacidad del penal, aseguró que la futura construcción se ejecutará dentro de su propiedad y que para ello contaba con una partida registral, misma que le pertenecía a la comunidad campesina de Maure, y que erróneamente fue citada.
Mal nacimiento
Lo que sí es cierto, es que el INPE sí cuenta con la partida registral N° 11136521, evidenciando que esta partida de independización fue tramitada en merito al decreto supremo N° 130-2001-EF, y que dicho trámite fue realizado el 12 de julio del 2019. Al respecto, el Colegio de Arquitectos de Tacna elaboró un informe sobre el saneamiento físico legal de los terrenos del penal de Challapalca concluyendo que la inscripción de independización y traslado de dominio realizado por el INPE al amparo del decreto supremo 130 – 2001 – EF, no era de aplicación por ubicarse dentro de la propiedad de una comunidad campesina.
Esta evaluación técnica fue realizada por la arquitecta Joanne Bethsy Castellanos a solicitud del Colegio de Arquitectos. La especialista en gestión de predios estatales cuestionó que el INPE haya utilizado el decreto supremo N° 130-2001-EF, para conseguir la independización del predio. Explicó que este proceso de independización se hace más cuestionable, porque en el 2018 (un año antes del proceso de independización) se publicó el decreto legislativo N°1358, donde en su cuarta disposición complementaria, señala que lo establecido en el decreto supremo N° 130-2001-EF, no es aplicable en tierras y territorios de pueblos indígenas.
Por otro lado, al tratarse de terrenos de una comunidad campesina reconocida por ley, la especialista señaló que el trámite de independización se debió realizar en amparo de la Ley General de Comunidades Campesinas, que en su artículo 7 establece que excepcionalmente las tierras de las comunidades campesinas pueden ser vendidas sólo con autorización dada en Asamblea General.
El primer hecho saltante en todo este proceso, es que el INPE optó por aplicar únicamente el decreto supremo N° 130-2001-EF, y esto a pesar que el Estado tiene el rol de proteger y garantizar la propiedad de las tierras campesinas, tal como lo señala el Tribunal Registral en la resolución N°128 – 2019, donde indica: “La ley general de comunidades campesinas en los artículos 1 y 7, han establecido que el Estado garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio de las comunidades campesinas”. Así como dejar en claro que: “En tierras de propiedad de una comunidad campesina, las acciones de saneamiento al amparo del decreto supremo N° 130-2001- EF, no resultan atendibles”.
Por su parte el abogado especialista en derecho constitucional, Renato Tejerina Mejía, señaló que el INPE debió acatar lo establecido por la ley de comunidades campesinas, así como cumplir los requisitos que estable esta ley, para lograr una independización del terreno.
Radio Uno también tuvo acceso al título archivado N° 2019-00446185, que permitió encontrar todos los documentos presentados por el INPE para lograr la inscripción de una partida registral, amparado únicamente en el decreto supremo N° 130-2001. Y efectivamente, queda en evidencia, que como parte de los requisitos, el INPE informó bajo juramento que “el derecho de propiedad deriva de una donación por parte de la comunidad de Maure (…) donación ratificada por el señor Marcial Máximo Laura Condori, presidente de la comunidad campesina de Maure”.
En términos sencillos, el INPE afirma que el terreno que actualmente ocupa el penal de Challapalca fue donado por la comunidad campesina el 25 de enero de 2019. Para corroborar esta versión, Radio Uno llegó hasta la comunidad de Maure, comunidad que, según esta declaración jurada, habría entregado más de 21 mil metros cuadros al INPE. Y en conversación con Marcial Máximo Laura Condori, presidente de la comunidad campesina de Maure, junto al alcalde del centro poblado Maure – Kallapuma, explicaron la preocupación que tienen los pobladores de la zona ante los últimos anuncios del gobierno central.
No hubo donación al INPE
De camino a las instalaciones del penal de Challapalca se observa a escasos metros varias viviendas que pertenecen a familias de la comunidad campesina de Maure, población que, según el acalde José Condori Mamani, están en contra de la ampliación. De tal manera, que Marcial Laura Condori negó tal donación atribuida por el INPE y presentó como prueba dos actas de reunión que no contemplan la referida donación.
En el primer documento, con fecha del 3 de agosto del 2018, el INPE manifiesta que ellos no buscan apropiarse de terrenos de la comunidad, también señalan que no buscan ampliar el penal; así como en el último párrafo se fija una nueva fecha donde se debería suscribir acuerdos con miras a una donación, reunión que según el dirigente no se habría concretado. El segundo documento, es el acta de acuerdo con fecha de 10 de julio del 2023; siendo que el INPE se compromete a solucionar el tema de aguas servidas, así como el tratamiento de la basura en los terrenos, a cambio de cumplir estos compromisos, la comunidad manifiesta su voluntad de otorgar la licencia social, algo que tampoco se habría cumplido hasta la fecha.
Por su parte el alcalde del centro poblado Maure – Kallapuma, también negó la existencia de algún acuerdo, así como rechazó la existencia de algún documento o contrato que acredite una donación. En la misma línea, pobladores de la comunidad afirmaron que solo hubo conversaciones, pero nunca se llegaron a acuerdos. Con el fin de conocer si realmente existe dicha acta de entrega, Radio Uno solicitó al INPE vía acceso a la información, una copia del acta firmada por el presidente de la comunidad de Maure de fecha 25 de enero del 2019 y una entrevista con algún representante del INPE, pero hasta el cierre de este reportaje, no hubo respuesta a ninguno de los dos pedidos.
¿Registros Públicos?
Mencionar, que otro aspecto que también fue observado en el informe técnico del Colegio de Arquitectos, es la publicación que realizó el INPE, en los diarios de circulación nacional y local, sobre el inicio de independización de terrenos. Según el decreto supremo N° 130-2001, “transcurrido el plazo de 30 días calendario efectuada la inscripción provisional sin que haya oposición, se procederá a la conversión en una inscripción definitiva”, algo que en este caso ocurrió, ya que la comunidad nunca conoció de algún proceso de independización o anotación previa. Ante grave irregularidad, es necesario preguntarnos si la Superintendencia Nacional de Registros Públicos verifico si el INPE cumplió con todos los requisitos que establece la ley para conseguir una independización de los terrenos de la comunidad de Maure.
En los documentos que contiene el título archivado notamos que, quien realizó el trabajo de calificar la legalidad de los documentos para la respectiva inscripción, es el registrador público, abogado Edilberto Cabrera Ydme, actual decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Ante la poca claridad que se tiene en este proceso de independización, Radio Uno buscó la versión del letrado pero optó por no declarar sobre el tema, argumentando que se encuentra impedido por una disposición y normatividad laboral.
Según señalan los especialistas estaríamos ante indicios que deberían ser vistos en la vía judicial con el fin de que se determine si hay responsabilidad en todo el proceso de independización que logró el INPE en el año 2019 dado que – según el abogado Renato Tejerina- por tratarse de tierras de una comunidad campesina, Registros Públicos debió verificar exhaustivamente todos los requisitos que establece la ley.
Mientras, que para los pobladores y comuneros de la zona existen suficientes razones para oponerse al funcionamiento del penal, aún más a la intención del gobierno de Dina Boluarte de ampliar el recinto. Ante este panorama, ha quedado claro que así como el rechazo crece, también crece la desconfianza al diálogo entre comunicad y representantes del INPE. Por su parte el jefe de la oficina defensorial de Tacna, invocó a ambas partes a solicitar mayor información y buscar canales de conversación.
Guardan silencio
A la fecha, el INPE no ha podido demostrar con documentos la donación de terrenos, así como la Sunarp no explica si el INPE cumplió o no con los requisitos para obtener una partida registral. Al parecer el silencio será la única reacción del INPE, pues en la garita de control del penal optaron por cerrar la puerta al notar la presencia de este medio radial que buscaba dialogar con algún encargado. Mientras en Tacna no se descartan nuevas protestas y por su parte el gobierno central no ha podido dar un claro mensaje de lucha contra la delincuencia. Al parecer las pocas medidas que se anunciaron, entre ellas, la ampliación del penal de Challapalca, lo único que han conseguido es el descontento de la población.
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