Los venezolanos se niegan a dar datos a los empleados del padrón por temor a que el Gobierno los use en su contra
Hugo Chávez Frías – Presidente de Venezuela
Un hombre de unos 50 años abre la puerta de su casa en el barrio de clase alta de Prados del Este, en Caracas. «Fuera de aquí. El Gobierno ya me ha jodido dos veces y no pienso darle más información para que me vuelva a joder». Luego desaparece y le cierra la puerta a Jesús, uno de los encargados de realizar el censo nacional.
Muchos piensan que la información se utilizará para expropiar las casas
Los datos se usaron en 2003 para purgar la Administración de opositores
Desde que comenzó el recuento, el pasado jueves, Jesús ha recibido respuestas similares. El empleado marca en su base de datos la opción: esta familia «se negó a brindar información». De las 15 casas que le correspondía censar durante el día, solo le han recibido en una.
Tienen miedo a responder. Tras la ola de expropiaciones de los últimos años y tras la amarga experiencia con la Lista de Tascón (nombre popular que se le dio en 2003 a la base de datos de solicitantes de un referendo revocatorio contra Chávez, que fue usada luego para purgar la Administración Pública de opositores), un amplio sector de los venezolanos cree que la información del censo podría utilizarse como represalia.
«¿Para qué necesita saber el Gobierno cuántos cuartos utilizan las personas de este hogar para dormir?», se queja Rosa García, una señora de unos 60 años que vive en una urbanización de clase media del este de Caracas. «Quieren saberlo para llenarte los cuartos vacíos de gente, como en Cuba, o para expropiarte la casa».
Hay otras tres preguntas del censo que, aunque se corresponden con los estándares internacionales para medir factores como el hacinamiento o el ingreso promedio de la población, son vistas con suspicacia bajo las circunstancias políticas actuales de Venezuela.
Organizaciones como el partido socialcristiano Copei creen que el hecho de que se le pregunte a los venezolanos su nombre y apellido, el nombre de la empresa para la cual trabaja y su ingreso mensual exacto, revela que la medición tiene un objetivo ideológico.
Otros representantes de la oposición al Gobierno de Hugo Chávez, como el gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, han intentado cortarle el paso a las críticas siendo ellos mismos los primeros en ser censados.
El director del Instituto Nacional de Estadística, Elías Eljuri, ha hecho un llamamiento a la calma y ha dicho que ningún venezolano está obligado a responder lo que no quiera. A pesar de la resistencia de algunos, confía en que el proceso tendrá éxito.
«En cuatro días hemos censado más de 160.000 hogares y el rechazo que ha habido ha sido del 0,2%. Eso es totalmente normal dentro de cualquier investigación. La gente sentirá más confianza cuando vea que las preguntas son las mismas de los censos anteriores y que la información que suministra queda encriptada», comenta Eljuri a este diario.
Durante la hora que dura la entrevista sobre las condiciones de vida familiar de seis personas, Pedro Gutiérrez, de 54 años, espera las polémicas preguntas. Estas nunca llegan. «La información que me han solicitado está correcta. Pero con la política que lleva este Gobierno a cualquiera le da miedo el censo. Yo, lo que no me convenga, no lo contesto», dice Gutiérrez.
Los que se llevan la peor parte son los empleados del censo. A Brienza, una chica de 25 años, sin empleo y graduada como técnico superior en informática, la echaron el viernes de una casa con un perro pitbull. La joven apuntó en el dispositivo electrónico que utilizan para almacenar las encuestas la siguiente frase: «Finalizó la entrevista por problemas de seguridad».
Su salario es de 10,75 bolívares fuertes (2,5 dólares) por cada encuesta realizada. Ellos mismos costean los gastos de transporte y alimentación, y están obligados a hacer hasta tres intentos en los hogares donde no consigan a alguien que les responda.
El censo nacional se lleva a cabo en Venezuela cada diez años y de sus resultados depende, entre otras cosas, el reparto de dinero entre las regiones, el diseño de las políticas públicas y la conformación de las circunscripciones electorales.
Un resultado positivo contribuiría a evitar, por ejemplo, lo que ocurrió en las elecciones parlamentarias de 2010. En aquella ocasión, la oposición, a pesar de contar con más votos nominales a su favor, obtuvo menos escaños en la conformación final de la Asamblea Nacional. Esta vez el proceso tendrá una duración de tres meses y culminará el 30 de noviembre próximo.
Cortesía: El País
