El Ministerio Público advirtió sobre seis leyes que amenazan la función fiscal y la administración de justicia, además de ser el retroceso significativo en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos ciudadanos. Entre estas figura la Ley 32181 elimina la posibilidad de aplicar detención preliminar o prisión preventiva.
El congresista Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia, responsabilizó al Ejecutivo por la vigencia de Ley 32181, «que raro a último minuto vio es urgente y observó al cierre de la legislatura cuando el Congreso no podía responder», mencionó a Radio Uno este jueves 16.
Aseguró no estar de brazos cruzados y gestionar la convocatoria para tratar el tema en sesión a realizarse la próxima semana, siendo que está consensuando la fecha exacta. Y al ser consultado sobre su voto, excusó no adelantar el mismo al presidir dicha comisión.
«Tenemos una mayoría que no sintoniza con la realidad», afirmó al referirse al cuestionamiento del Ministerio Público acerca de leyes que favorecen a la delincuencia.
Leyes
El Ministerio Público cuestiona la Ley 32107, norma que introduce disposiciones «que debilitan el marco normativo» en la persecución de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, «contraviniendo instrumentos internacionales y la Constitución»; y la Ley 32130, norma que plantea modificaciones que «afectan la autonomía funcional del Ministerio Público, al intentar limitar su rol como conductor exclusivo en la investigación penal, tal como lo establece el artículo 159 de la Constitución».
Asimismo, la Ley 31751, que recorta los plazos de prescripción de delitos, «favoreciendo la impunidad»; la Ley 31990, que limita los plazos para la corroboración de información brindada por colaboradores eficaces; y la Ley 32108, que introduce requisitos adicionales que «dificultan la persecución de organizaciones criminales».
Además, la Ley 32181, que restringe la capacidad de solicitar medidas restrictivas en casos de uso desproporcionado de armas por parte de efectivos policiales; y la Ley 32182, que penaliza la actuación de fiscales y jueces, menoscabando su autonomía en la aplicación de criterios jurídicos.
«Tenemos una mayoría que no sintoniza con la realidad», responde a Ministerio Público
