La pena por comprar sexo se eleva a un año de cárcel, pero se evita con el pago de una multa.
El hombre mayor conduce con obcecación. Una vuelta, otra, otra más. En una hora, su viejo mercedes dobla una decena de veces la esquina roja de Estocolmo, la de las calles Mäster Samuel y Malmskillnad, cerca de la estación central de ferrocarril. Tan claro está lo que busca como lo que no encuentra: compañía femenina de pago. El conductor, un delincuente en potencia -según la ley sueca es delito comprar sexo-, fracasa en su intento. Al contrario de otras noches, en las que llega a haber cerca de una decena de mujeres, este viernes solo hay una candidata y se inclinará por el conductor de un utilitario. La esquina quedará vacía.
La prostitución callejera se ha reducido a la mitad -según los informes oficiales- desde 1999, cuando Suecia dio un paso inédito: penalizar al cliente, pero no a la persona que se prostituye. Fue una medida pionera que las autoridades evalúan con optimismo. La policía muestra cifras: del centenar de detenidos de los primeros años se ha pasado a los 1.277 arrestados en 2010. En total, 3.787 desde la prohibición.
Al aumento de los detenidos ha seguido el agravamiento de su castigo. La pena máxima, seis meses de cárcel, subió a un año el pasado julio. Pero las cárceles siguen sin hospedar reos por comprar sexo: los clientes pagan una multa y evitan ir a prisión. La mínima es de 2.500 coronas -271 euros-, detalla la número dos de la fiscalía de Estocolmo, Lise Tamm. Suele fijarse en un tercio de los ingresos diarios de 50 días.
El agravamiento pretende alentar la lucha contra este delito y lograr mayor implicación de los jueces. Muchos aún tienen reticencias para castigarlo, coincidían varios responsables de la lucha contra la prostitución en un encuentro con periodistas europeos a mediados de septiembre en la capital sueca. Alguno recordaba con ironía el caso del magistrado del Tribunal Supremo que compró sexo, pagó la multa y, tras un tiempo de inhabilitación, volvió a su puesto, o la reciente polémica sobre las supuestas visitas del rey Carlos Gustavo a clubes de alterne y que obligó al monarca a salir al paso. Hace tiempo que en Suecia se acabó la tolerancia con esta práctica. La sociedad apoya su sanción, según las estadísticas oficiales, aunque sigue habiendo voces discordantes.
En 1996, tres años antes de que entrara en vigor la criminalización de los clientes, poco más del 30% de los ciudadanos estaba de acuerdo con esa medida, alentada desde el movimiento feminista con este principio: la prostitución es una muestra de desigualdad entre hombres y mujeres y una forma de violencia contra ellas. En 2002, apoyaba la penalización en torno al 75% y seis años después, se rebajaba -sobre todo entre los hombres- al 71%. En 2009, una encuesta oficial a jóvenes de 16 a 25 años revelaba que el 1,7% había recibido dinero a cambio de sexo, la misma proporción que un lustro atrás. Eso supone que 20.000 chicos y chicas contactaron con los clientes sobre todo por Internet.
El abolicionismo ha dejado las calles casi limpias, pero la Red arde. «Internet y los teléfonos móviles han cambiado las cosas», admite la relatora de la lucha contra la prostitución y el tráfico de personas, la policía Kajsa Walhlberg. Se han convertido en la vía de contacto entre clientes y personas que se prostituyen. En 2008, la policía detectó a 400 ciudadanos que ofrecían servicios sexuales -poco más de 30, hombres- a través de Internet. No hay cifras oficiales actualizadas de cuántas personas venden sexo por cualquier medio.
La prostitución, que ejercen en mayor medida extranjeras, a menudo se recluye en hoteles. La Red es, también, el gran confidente de la policía, en la lucha contra el tráfico de personas con fines sexuales que, según las estimaciones, sufren entre 400 y 600 extranjeras cada año. Los responsables de atajarlo creen que su Código Penal es un buen escudo ante un problema en auge en buena parte del mundo. «Los traficantes ya no eligen Suecia en primer lugar», asegura Walhlberg. Pero tampoco la descartan: su delito es muy lucrativo, difícil de probar y con pocas condenas.
Suecia está satisfecha de haber exportado su modelo. Noruega lo copió en 2009 con una novedad: comprar sexo fuera del país también es delito, lo que permite perseguir todo el turismo sexual. La multa es de 25.000 coronas (3.164 euros). Islandia también ha penalizado a los clientes. El abolicionismo forma parte de la marca país. Casi como Ikea.
Ayudar a la «víctima»
«La prostitución nunca es una elección realmente libre». Esta afirmación del antiguo Ombudsman de Igualdad de Género, Claes Borgström, es una idea acendrada en los sucesivos Gobiernos desde que en 1999 -con Ejecutivo socialdemócrata- comenzó a castigarse a los clientes de la prostitución en Suecia, un país de 9,4 millones de habitantes. La compra de servicios sexuales se ve como una práctica contraria a los derechos humanos y una llamada al tráfico de seres humanos. Buena parte de las mujeres traficadas en este país proceden de Europa del Este.
Las personas que se prostituyen -la gran mayoría, mujeres-, son consideradas víctimas. «No deben ser criminalizadas, sino ayudadas», afirma Kajsa Wahlberg, relatora de la lucha contra la prostitución. Los servicios sociales les ofrecen apoyo y atención sanitaria específica. También se ocupan de los clientes. Entre ellos, hay mujeres. «Son pocas, pero es algo que no hay que olvidar», dice una de las responsables de la atención, Miki Nagata.
Cortesía: El País
