Para superar los problemas de la gestión ambiental, la Defensoría del Pueblo recomendó crear una Autoridad Ambiental Independiente con peso y responsabilidad política, recursos técnicos y presupuestales suficientes y que concentre las competencias y funciones ambientales hoy dispersas en instituciones como CONAM, DIGESA, INRENA, IMARPE y todas las direcciones ambientales de los Ministerios.
Tal sugerencia la plasmó en el Informe Extraordinario titulado "Los conflictos socioambientales por actividades extractivas en el Perú" en el que se explican las causas, impactos y tendencias de los conflictos socioambientales, el mismo que fue presentado en el Congreso de la República.
Sobre ello, el Jefe de la Oficina Defensorial de Tacna, Sergio Meza Salazar, indicó que es necesario contar con una autoridad ambiental independiente y una gestión pública ordenada, transparente y eficaz, para convertirnos en un país competitivo, que proteja su ambiente, respete los derechos individuales y al mismo tiempo sea atractivo para la inversión.
Asimismo, a propósito del informe, informó que se concluye que hay debilidad del Estado para prevenir la contaminación y entender y atender los conflictos.
"Ello genera que la población pierda confianza en el Estado pues es percibido como un promotor de inversiones, pero un distraído protector del ambiente y de sus derechos", subrayó.
El referido documento incluye recomendaciones al Estado, sugerencias a las empresas dedicadas a las actividades extractivas, así como a la población y sus organizaciones, todo ello con el fin de superar el incremento de la conflictividad en nuestro país.
Cabe mencionar que una autoridad autónoma podría adoptar la forma de una Superintendencia Nacional de Medio Ambiente, o la de un Ministerio del Medio Ambiente, y sería responsable de liderar de manera ordenada y coordinada el proceso de descentralización en materia ambiental, según expresó la Defensoría del Pueblo.
En este sentido la Defensoría del Pueblo invocó a las organizaciones de la sociedad civil a realizar un análisis objetivo, científico y técnico de los problemas ambientales y sociales, evitando asumir una oposición sistemática e irreflexiva en contra de las actividades extractivas en el Perú.
Finalmente, Meza Salazar sugirió tanto a la población como a sus líderes, que modifiquen y mejoren sus actitudes y conductas, evitando el uso de discursos confrontacionales y la incitación a la violencia. Tanto empresas como ciudadanos y Estado deben privilegiar el diálogo con una participación responsable y transparente.
