Mediante un informe de control específico 007-2025, la Contraloría advirtió la irregular contratación de Flor de María Caldas Siles, quien tenía afinidad con el extitular de esa entidad, Oscar Lenin Galdós Rodríguez. El hecho habría ocurrido en agosto de 2022 cuando el funcionario todavía se desempeñaba como director regional de Salud de Tacna.
Se conoció que la Diresa convocó en ese entonces a profesionales, técnicos y auxiliares que mantuvieron vínculo laboral con la entidad para la contratación de personal para la atención de embalse clínico quirúrgico en establecimientos de salud de la localidad, en mérito al cumplimiento de la Ley 31538.
Sin embargo, la Oficina Ejecutiva de Administración requirió personal para el cargo de «digitador» para el área de Logística, cargo que no tiene relación con la norma, pese a ello se continuó con la convocatoria en el cual ganó Flor de María Caldas Siles, aún incumpliendo con los requisitos para el cargo, ya que no contaba con título técnico.
El hallazgo no termina ahí, ya que se advirtió que la postora pese a que mantenía una relación con el director regional de Salud de ese entonces, habría suscrito declaraciones juradas negando algún tipo de parentesco, otorgándosele el contrato CAS 121-2022 para los meses de agosto y setiembre de ese año.
Aún con el peso de esa irregularidad y manteniendo grado de afinidad con el titular de la entidad, la servidora, en ese entonces en período de gestación, participó en el proceso de reasignación, cuando este era un beneficio único para personal enmarcado en el cierre de brechas en los establecimientos de salud. Se requirió a un auxiliar administrativo con el cargo de digitador pese a que ello no mostraba afinidad con lo que expresó la norma con respecto al grupo ocupacional que se requería.
El comité a cargo del proceso fue designado por el entonces director regional de Salud y fue conformado por los responsables de las oficinas ejecutivas de Administración y Recursos Humanos. Caldas Siles fue declarada apta, accediendo a la permanencia laboral en la entidad, cuando solo tenía certificado de estudios secundarios.
Contraloría encontró presunta responsabilidad penal en los funcionarios Pedro Enrique Nicho Ríos, que en ese entonces era director de Administración; Iván Liendo Silva, director de Recursos Humanos; Máximo Chipana Choquecota, jefe de equipo de trabajo de administración de recursos humanos, y los involucrados, Flor de María Caldas Siles, digitadora de Almacén y el director regional de Salud de ese entonces, Oscar Lenin Galdós Rodríguez.
