El Superior General del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) firmó en Roma el decreto de supresión de la comunidad en la sede del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, acto que se realizó en presencia de Sor Simona Brambilla, prefecta del mencionado dicasterio.
La organización hizo un reconocimiento explícito a las víctimas de abusos y malos tratos. Como se recuerda, Luis Fernando Figari, líder del grupo, es acusado de abusar sexualmente a miembros del Sodalicio de Vida Cristiana.
El SVC, organización ultracatólica peruana, se resistió a formalizar su disolución, a pesar de la orden del Papa Francisco emitida en enero de 2025. Según el abogado José Ugaz, representante de seis víctimas no indemnizadas, el SVC maniobró para vaciar sus bienes y fondos antes de la disolución, con el fin de evitar que sean gestionados por el Vaticano. Ugaz alertó al Vaticano sobre esta posible fuga de dinero y ocultamiento de patrimonio en una carta enviada el 24 de marzo.