La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) advirtió que poderosos intereses económicos y políticos presionan para lograr se autorice el funcionamiento de 60 nuevas universidades privadas, aprovechando las grandes utilidades que generan ese sector, en desmedro de la calidad educativa.
Orlando Velásquez Benites, presidente de la ANR, instó al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), a paralizar los procesos de autorización hasta formar una comisión de alto nivel que se encargaría de evaluar a las universidades existentes.
La idea es que sean replanteadas y si no cumplen con acreditar un nivel de excelencia académica sean cesadas,
Indicó que 25 proyectos destinados a crear nuevas universidades particulares se encuentran en evaluación en el Conafu y que otras 35 ya han presentado sus expedientes.
«Detrás de cada proyecto se encuentran poderosos intereses políticos y económicos que el Conafu debe frenar para evaluar primero a las universidades existentes», señaló.
La Comisión de Educación del Congreso informó esta semana que algunas universidades con fines de lucro dejaron de pagar al Estado 150 millones de soles por impuesto a la renta, acogiéndose indebidamente a beneficios tributarios que caducaron en 1999.
Velásquez Benites propuso la creación de una comisión de alto nivel, formada por el Gobierno y la ANR, para realizar esta evaluación ante el decrecimiento de la calidad educativa que exhiben numerosas universidades.
«Algunas mantienen un nivel de excelencia académica y de investigación que hay que seguir apoyando, pero hay otras que se dedican a lucrar con la educación», afirmó.
Como ejemplo, nombró el caso de la Universidad Particular José Carlos Mariátegui, en Moquegua, intervenida por la ANR por otorgar títulos falsos y por otras irregularidades.
«Hay otras que abren filiales como hongos en todo el país sin tener adecuados niveles de calidad y sin acatar el fallo del Tribunal Constitucional, que no ha aprobado este tipo de acciones», manifestó.
«Es lastimoso que lejos de mirar a la educación como un servicio altruista de elevar el nivel académico de los alumnos mediante la investigación y el fomento de la ciencia y la tecnología, existan personas que traten a este sector como un negocio muy lucrativo, y eso es lamentable y debe parar», dijo al diario El Peruano.
Velásquez Benites sostuvo que al margen de la decisión parlamentaria de aprobar o desaprobar la ley que amplía los incentivos tributarios a las universidades e institutos superiores, se debería analizar a todas las universidades para indagar si cumplen con los objetivos trazados por la política educativa trazada en el país.
Durante en el gobierno aprista se crearon 17 universidades públicas sin tener el sustento técnico para su operación y se generaron graves conflictos.
Algunas congresistas y autoridades políticas son propietarios o están vinculados a universidades privadas.
Así, César Acuña, burgomaestre de Trujillo, se encuentra al frente de consorcio formado por las universidades César Vallejo y Señor de Sipán.
Roger Amuruz es fundador del instituto IDAT y la universidad UTP; José Luna Gálvez es fundador de la Universidad Telesup, y José Luis Elías Ávalos, congresista, es dueño de la Universidad San Juan Bautista.
Cortesía: Andina.
