«Según la necropsia que se ha realizado a los cuerpos indican que tenían ya ocho días de fallecidos», dio a conocer a Radio Uno desde Trujillo el periodista Gianfranco Palacios, de N60 Noticias, al mismo tiempo de indicar que «con esto el presidente de la junta de fiscales, Luis Guillermo Bringan, ha descartado que haya habido un secuestro previo de estas trece personas».
Como se recuerda, el domingo 4 de mayo medios nacionales reportaron el hallazgo de los cuerpos de 13 mineros en un socavón de Pataz, en la región La Libertad. Familiares reportaron la desaparición de los trabajadores de la empresa R&R y era difundido por días que fueron objeto de secuestro a cambio de 4 millones de dólares, pero finalmente fueron encontrados sin vida e incluso en redes sociales como WhatsApp comenzó a circular cómo fueron victimados.
Las investigaciones continúan «para saber por qué se difundió esta noticia del secuestro, con qué intensiones; sin embargo estas versiones todavía no están confirmadas, lo que a ciencia cierta es que tenían ocho días de fallecidos. Apenas entraron al socavón los 13 trabajadores hubo este encontrón con los criminales de la minería ilegal que sería responsable de esta masacre. Y fueron brutalmente asesinados y hay videos que no son publicables por los medios de comunicación», agregó Palacios.
La masacre en Pataz ha ocurrido a pesar de que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió ampliar el estado de emergencia en la provincia de La Libertad y que se determinó un incremento del personal policial y militar en la zona para tomar el control territorial en Pataz.
Sin embargo, la situación no tiene cuando parar. Según el periodista; pese a la presencia de Dinoes y Servicios Especiales, el escenario sigue siendo tierra de nadie e incluso «se han encontrado en los últimos meses fosas comunes donde había algunos cuerpos de personas desaparecidas hace meses (…) esto no ha servido, el estado de emergencia en Pataz tampoco a servido», afirmó.
En respuesta a los asesinatos, el Ejecutivo ha dictado medidas que incluyen toque de queda y control total de las Fuerzas Armadas. Situación que se da en medio del retiro de los cuerpos cuyos familiares han llegado desde Chiclayo, La Libertad, Piura e incluso La Selva, dejando en evidencia cómo la necesidad ha empujado a las víctimas a buscar un mejor futuro lejos de su tierra, encontrando desgraciadamente la muerte a manos de la desidia, pues la criminalidad en Pataz ya no era un secreto a voces eran denuncias cotidianas que el propio gobierno nacional dejó pasar hasta la tragedia cuando solo le quedó actuar como sepulturero.
