El director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo, llamó al mediodía a Radio Uno indicando sobre las nuevas investigaciones que se pretenden dar sobre los casos de homicidio extrajudicial de Chavín de Huántar.
“Investigándose el caso Chavín de Huántar, por un lado quedaron Montesinos y sus allegados en el fuero común, mientras otros militares quedaron en el fuero militar”, expresó Miguel Jugo. Pero ahora, que el caso podría procesarse en el fuero común habría mayor rigurosidad con los presuntos implicados en los homicidios extrajudiciales. “El fuero militar no es idóneo para juzgar delitos comunes”, atinó a decir el director de APRODEH.
Para Miguel Jugo ningún Gobierno democrático debe proteger a los violadores de los DD.HH., por ello estas nuevas investigaciones tendrían la aprobación de muchos defensores de los derechos humanos.
No obstante, en contraparte, está el argumento defensivo de de otros militares y ciudadanos que, al sentir la amenaza del terrorismo tan cerca, indican que estas duras medidas habrían sido motivadas por la natural sobrevivencia. Los terroristas matan a sangre fría, sin contemplaciones, por lo que los militares habrían actuado en defensa propia. Aunque trascendió en esos años que los terroristas que secuestraron la embajada japonesa se rindieron al ver a los comandos peruanos, lo que constituye una violación a los derechos humanos.
Por otro lado, el Presidente del Poder Judicial, César San Martín, aclaró en los medios de comunicación que las personas procesadas judicialmente en el caso Chavín de Huantar serían sólo 4: Vladimiro Montesinos, Nicolás De Bari Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamidio Aliaga, que son los presuntos responsables del grupo de aniquilamiento infiltrado en la operación “Chavín de Huantar”, con el objetivo de aniquilar a los secuestradores.
César San Martín descartó que se proceda contra la totalidad de los 140 comandos que intervinieron en el rescate de los rehenes de la Embajada Japonesa, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide que se les procese.
