Juan José Alejos, defensa técnica de la feria Perú Bicentenario, cuyos asociados fueron desalojados violentamente por parte de la Municipalidad Provincial de Tacna, señaló que ampliarán su denuncia penal, esta vez por usurpación en la modalidad de despojo de posesión, en contra, no solo del gerente de Ingeniería y Obras, Juan Diego Corrales, sino también del gerente municipal Jonatan Ríos Morales.
Es cruel lo que han hecho contra mis patrocinados, porque es gente que no ingresaron a ese terreno como invasores, sino que ingresaron dentro del marco de la legalidad, porque les dieron un acta, y no solo ello, sino que también hay una carta para la forma en cómo ingresan, refirió el letrado.
Recordó que el caso se encuentra judicializado, mencionando que existen dos procesos judiciales en trámite, aclarando que el mismo gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Tacna tiene conocimiento, ya que hace poco le expusieron el tema. Pese a ello, refirió, que se enteraron que fue el funcionario quien impulsó la medida de fuerza.
“… sin embargo abusiva y arbitrariamente y sin la participación de la procuradora, sin la participación del Ministerio Público y menos de la Policía, los señores en forma matonesca como una organización criminal, llegaron y destruyeron los pequeños puestos de mi patrocinados y no solo eso, sino que también fueron víctimas de maltrato”, señaló.
Mencionó que como defensa técnica presentaron una denuncia contra el gerente de Ingeniería y Obras por el delito perturbación a la propiedad, abuso de autoridad y abocamiento ilegal, ampliando la denuncia penal por usurpación en la modalidad de despojo de posesión.
Pandemia. Los comerciantes ingresaron al espacio ubicado en el C.P. Leguía, mediante un acta suscrita en 2020 entre ellos y la Municipalidad Provincial de Tacna. Aun con ello, aseguraron que tras hacerles firmar el documento, no se les entregó el mismo.
En el extremo de que el acta tenga un inicio y un fin, la Municipalidad Provincial de Tacna debió actuar en su debido momento, y si no actúa dentro de los 10 días después que se termina su vigencia, ya no puede actuar como autoridad municipal, sino acudir al órgano jurisdiccional para hacer valer el acto jurídico, aseveró.
