Juan José Alejos, defensa técnica de la feria Perú Bicentenario, cuyos asociados fueron desalojados violentamente por parte de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), señaló que el proceso de interdicto que en primera instancia fue declarado improcedente, finalmente salió en segunda instancia a favor de sus defendidos.
«En apelación alcanzamos cerca de 70 vistas fotográficas que demostraban todos los abusos y atropellos, así como también un USB con videos que demuestran objetivamente los daños ocasionados. Tan grande es la justicia que me acaban de notificar que la Sala revoca la resolución que declaró improcedente el interdicto y han dispuesto que el juez tramite la demanda», aseveró el abogado al mismo tiempo de indicar que el documento ahora será cursado por el Poder Judicial a la MPT para que esta haga su derecho de defensa como corresponde y en su momento se llevará una audiencia a efecto de determinar quien tiene la razón.
Para el letrado, la resolución evidencia el abuso y atropello cometido por la MPT contra más de 30 personas en su mayoría de la tercera edad que ahora buscan donde ubicarse.
Funcionarios denunciados
Como se recuerda, la procuradora municipal Sandra Alarcón denunció ante Fiscalía Penal a Jonatan Jorge Ríos Morales, gerente municipal; Juan Diego Corrales Ponce, gerente de Ingeniería y Obras; y Mario Fernando Álvarez Bracamonte, sub gerente de Comercialización, y los que resulten responsables, por los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad y otorgamiento ilegitimo de derechos sobre inmuebles. Además, ante Fiscalía Anticorrupción por peculado de uso.
Pandemia. Los comerciantes ingresaron al espacio ubicado en el C.P. Leguía, mediante un acta suscrita en 2020 entre ellos y la Municipalidad Provincial de Tacna. Aun con ello, aseguraron que tras hacerles firmar el documento, no se les entregó el mismo.
En el extremo de que el acta tenga un inicio y un fin, la Municipalidad Provincial de Tacna debió actuar en su debido momento, y si no actúa dentro de los 10 días después que se termina su vigencia, ya no puede actuar como autoridad municipal, sino acudir al órgano jurisdiccional para hacer valer el acto jurídico, aseveró.
Procuraduría denuncia a funcionarios municipales por ilegal desalojo
