Mientras la Amazonía peruana sigue siendo uno de los territorios más biodiversos del planeta, también se ha convertido en uno de los más peligrosos para quienes la protegen.
Un reciente estudio elaborado por la ONG ProPurús y la Organización Regional Aidesep Ucayali revela que, entre 2010 y 2024, al menos 226 defensores y defensoras indígenas han sido identificados en situación de riesgo por enfrentar directamente al narcotráfico, la minería ilegal y la tala indiscriminada de bosques.
Las zonas más peligrosas se concentran en tres regiones: Ucayali, Huánuco y Loreto. En Ucayali, la situación es especialmente crítica: uno de cada trece defensores amenazados ha sido asesinado. Solo entre 2019 y 2024, se registraron once asesinatos de líderes indígenas en esta región. En Huánuco, ocho defensores más también fueron asesinados. La mayoría de las víctimas pertenecían a los pueblos Shipibo-Konibo, Kakataibo, Asháninka y Yanesha, comunidades que luchan por defender su territorio, sus recursos y su forma de vida.
Pero la violencia no solo se mide en muertes. Entre 2021 y 2024, en Ucayali se reportaron más de 6,400 denuncias por delitos ambientales, reflejando la magnitud de las amenazas que enfrentan estas comunidades.
El informe también advierte que el propio Estado ha contribuido a agravar el problema, al otorgar concesiones y permisos sobre territorios indígenas que aún no cuentan con titulación oficial. Esta situación deja a muchas comunidades en una mayor situación de vulnerabilidad frente a la invasión de sus tierras.
A la violencia se suma la impunidad. De los 19 casos de líderes indígenas asesinados entre 2020 y 2025, más de la mitad no tienen avances judiciales. Solo cinco han logrado sentencia. Mientras tanto, más de 100 comunidades indígenas continúan viviendo bajo amenaza, en medio del abandono estatal y el avance de las economías ilegales sobre sus territorios.
