En una reciente entrevista con Radio Uno de Tacna, Antauro Humala, líder del etnocacerismo expresó respaldo a mineros informales a quienes ve como protagonistas de un enfrentamiento entre una posición nacionalista. Para Humala, la ley debe adaptarse a la realidad, y no al revés.
«Contemplamos que hemos de respaldar totalmente a nuestros mineros informales a expensas de la minería transnacional», expresó.
Según Humala, las grandes corporaciones mineras transnacionales, como Yanacocha, Antamina y Mina Poderosa, son las principales perjudicadas por la competencia de la pequeña minería informal y están detrás de la «ofensiva gubernamental» contra los mineros peruanos. Subraya una confrontación cultural: «No hay ni un minero informal con apellido extranjero. Todos son apellidos peruanos, nativos. Todos los dueños de la minería transnacional del Perú son extranjeros. O sea, es una guerra entre el Perú y el extranjero en el fondo».
Desestimó las acusaciones de contaminación contra la minería informal de socavón en la ceja de sierra, argumentando que se realiza en zonas áridas y sin impacto ambiental. Contrasta esto con la «minería transnacional» a la que acusa de provocar «niveles de mercurio sublevantes» en poblaciones como Cerro Pasco y La Oroya, y de generar «conflictos eternos por el agua». Aunque reconoce la contaminación en Madre de Dios, la enmarca dentro de una «conflictividad social» que afecta a miles de familias peruanas.
Para Humala, el Problema de la Informalidad y la Constitución del 93 Humala caracteriza al Perú como un país donde «casi el 80% de la población» es informal, calificando esto como la «normalidad» y la formalidad (20%) como la «anormalidad». Atribuye esta situación a la Constitución de 1993, la cual fue, a su juicio, «arreglada por la gran minería» y «favorece totalmente a los entes foráneos y a los intereses foráneos al Perú». Para él, los mineros peruanos son tratados como «perseguidos en su propia tierra», lo que podría desatar un conflicto social.
Criticó duramente al Congreso de la República al cual calificó de «mamíferos congresales» que dependen de las grandes corporaciones transnacionales y cuya Comisión de Energía y Minas actúa como «vocero de las grandes mineras». Afirmó que la legislación actual es hecha por «lobbies» que favorecen a grandes empresarios.
Además, Humala enfatizó la urgencia de que las corrientes nacionalistas y de izquierda se unan en un «frente común» para el próximo proceso electoral, argumentando que sus fracasos históricos se deben a que han llegado al poder por separado. A pesar de reconocer las «discordias» y los «micro-egos» en la izquierda, el nacionalismo está «totalmente convencido» de esta necesidad.
En tal sentido, reveló que estuvo en conversaciones con Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) para forjar esta unidad, a pesar de que su propio partido, Antauro, fue despojado de su inscripción, lo que le impide postular a la presidencia. Consideró que este despojo demuestra que el «nacionalismo es más peligroso que la izquierda». Así, dijo que de llegar al poder indultará al expresidente Pedro Castillo, «por supuesto que sí», pese a que él no cumplió con liberarlo.
Finalmente, Humala condenó enérgicamente la reciente aprobación en el Congreso de la norma que otorga amnistía a militares implicados en violaciones de derechos humanos. Para él, estos militares no fueron «soldados» sino «sicarios» que cometieron «asesinatos sin combate», a diferencia de aquellos que sí lucharon legítimamente contra grupos armados. Calificó la ley como «ilegitima» e «impunidad», la cual «va a enervar aún más las cosas en el país».
Antauro Humala reiteró que la movilización de los mineros informales es «el momento preciso» para mantenerse firmes, pues en un proceso electoral, ningún candidato se atreverá a avalar la represión descarnada.
