La ya cuestionada Junta Nacional de Justicia (JNJ) se enfrenta a una nueva y grave crisis de legitimidad tras revelarse que su actual presidente, Gino Ríos Patio, presenta una sentencia consentida de 2011 por violencia psicológica y familiar.
Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), indicó que el propio reglamento del proceso de selección establece que la verificación de impedimentos puede realizarse «hasta antes del nombramiento de los miembros de la Junta Nacional de Justicia», incluso después de las entrevistas públicas. Esta situación sugiere que se aplicó un «criterio diferente» y favorable a Gino Ríos Patio, lo que podría constituir un «encubrimiento».
Además que, la defensa de Ríos Patio, o de quienes lo apoyan, argumentando que la sentencia es de hace 10 años y que ya está «redimido» o rehabilitado, es «falsa» y no tiene sustento en la norma. La Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (Ley 30916), en su Artículo 11 sobre los impedimentos para ser elegido miembro, es categórica: prohíbe de manera particular a los «condenados con sentencia consentida o ejecutoreada por violencia contra las mujeres, niños, niñas o adolescentes o se le haya impuesto medidas de y aplicación de la ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar».
Así, señaló que IDL presentará denuncia fundamentada. Ante este escenario, se espera que la JNJ inicie un procedimiento de vacancia contra Gino Ríos Patio. La situación es similar, e incluso peor, que la del anterior miembro de la JNJ, Ruiz Hidalgo, quien fue vacado por no presentar información sobre una sentencia que constituía un impedimento.
