La presidenta Dina Boluarte ha declarado que Perú no permitirá la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), calificando al país como «libre e independiente con autonomía soberana» y asegurando que no es «colonia de nadie». Estas declaraciones surgen luego de que la Corte IDH solicitara la suspensión de la promulgación de una ley de amnistía dirigida a miembros de la policía, fuerzas armadas y comités de rondas.
Sin embargo, la Coordinadora de Derechos Humanos, a través de Miguel Jugo, denuncia que esta ley es una reedición de normativas similares a las de la dictadura de Fujimori y Montesinos, que buscan garantizar la impunidad para militares y policías que violaron derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo.
Miguel Jugo en conversación con Radio Uno de Tacna expresó que la postura de Boluarte es «ignorancia total» respecto a los compromisos internacionales del Perú en materia de derechos humanos. Subraya que el Perú está sometido a la competencia contenciosa de la Corte IDH debido a convenios firmados, como el Pacto de San José. «No es que haya venido alguien a imponernos nada. Entonces, ella está como siempre mintiendo al país sobre lo que realmente existe», afirmó Jugo.
Así, señaló que la acción de Boluarte es una «alianza pro impunidad», y sugiere que la presidenta es consciente de que deberá responder por los crímenes ocurridos en las protestas de 2022 y 2023, no solo a nivel nacional sino también en el sistema interamericano y, potencialmente, ante la Corte Penal Internacional.
