La profesora Gladis Huanca, docente de comunicación en la institución educativa Jorge Basadre ex Perú Birf, con 25 años de servicio, denunció públicamente corrupción en el proceso de reasignación de plazas docentes en la región. Afirmó, que la plaza de comunicación en el Colegio Nuestro Señor de Locumba, UGEL Jorge Basadre, a la que postulaba por «unidad familiar», le fue «adjudicada irregularmente» a otra profesora por «salud».
Indicó que la plaza en cuestión fue publicada en el portal del Ministerio de Educación desde el 3 de junio hasta el 30 de julio de este año, siendo ofertada «exclusivamente para unidad familiar e interés personal», validada y aprobada por la oficina Nexus de la Dirección Regional de Educación Tacna (DRET). Sin embargo, el 1 de agosto la plaza «desapareció». La sorpresa fue mayor cuando se enteró de que dicha plaza ya había sido adjudicada el 23 de junio a la maestra Elizabeth Bohórquez, por «salud».
Así, señaló que la implicada se nombró el 1 de marzo de 2024 en Olmos, Lambayeque, y fue reasignada el 23 de junio del mismo año. Esto significa que no cumple con los 9 o 10 meses, ni el año completo de servicio que se esperaría para una reasignación. Se le reasigna por salud a Locumba, pero el centro de salud de Locumba tiene una categoría 1-4 la misma categoría que el centro de salud de Olmos, y carece de médicos especialistas.
Y más importante aún, la norma (Resolución Viceministerial_N°_042-2022-MINEDU) establece que una reasignación por salud debe ser para atender una enfermedad que impida prestar servicio de forma permanente y requiera «atención médica especializada». Lo correcto hubiese sido un traslado a Tacna, donde hay plazas de comunicación y centros especializados, más no Locumba. Para la agraviada, esto le ha quitado la oportunidad de reunirse con su familia en la provincia Jorge Basadre, donde nació, tiene su esposo, y es vecina conocida del lugar.
La Resolución 042-2022, en la que se amparan las autoridades, establece claramente que las reasignaciones por salud se pueden realizar en cualquier fecha del año, «excepto en los meses de mayo a julio». La adjudicación a la maestra Bohórquez se realizó el 23 de junio, pleno proceso de unidad familiar y dentro del periodo prohibido para reasignaciones por salud.
La profesora destaca que ella ocupó el primer lugar en el ranking para la plaza por unidad familiar, lo que agrava la injusticia percibida. «La comisión de reasignación por salud, en vez de enseñarnos a respetar las leyes, nos está enseñando a ser corruptos, a pisotear estas leyes», manifestó a la vez de mencionar a Rocío Orbegozo como quien firma la disposición en calidad de jefa de personal de la DRET en aquel momento, pero hoy renunciante al cargo.
Finalmente, hizo un llamado al gobernador Luis Torres y al director de la DRET para que «anulen esta resolución donde adjudican a esta maestra por salud» y «se sancione a quien corresponda». Finalmente, pidió que «no se tome represalias» contra su persona por reclamar sus derechos y enfatizó la importancia de que los maestros no tengan miedo a denunciar injusticias.
No es la primera vez que el sector educación se ve implicado en este tipo de irregularidades. Sutep ha denunciado ya varios casos e incluso algunos han llegado a instancia fiscal.
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